La Fiscalía de Instrucción de Vigésima Séptima Nominación de Córdoba solicitó la elevación de juicio contra 32 imputados por los delitos de estafa y asociación ilícita, maniobras que fueron realizadas durante la pandemia de Covid-19 cuando se hacían pasar por empleados del Estado Nacional.
En el expediente se les atribuye haber conformado una organización destinada a cometer delitos indeterminados, que eran perpetradas a partir de llamados efectuados por internos desde el establecimiento carcelario de Bouwer, quienes simulando ser personal de Anses u otros organismos del Estado, inducían a error a los interlocutores –que en su mayoría eran residentes de diferentes localidades de Río Negro- haciéndoles creer que se les abonaría una suma dineraria en concepto de Reparación Histórica o Ingreso Familiar de Emergencia otorgado con motivo de la pandemia.
En la investigación se pudo establecer que en los llamados los acusados inducían a la víctima a que concurran a un cajero automático donde debían seguir los pasos que le indicaban, los que, en realidad, conducían a efectuar operaciones cuyos alcances no alcanzaban a comprender o a gestionar préstamos en sus cuentas bancarias desde donde luego se transfería el dinero a las cuentas que eran puestas a disposición por otros colaboradores desde el exterior del establecimiento.
De este modo, según expuso el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se lograba obtener el beneficio económico ilegítimo.
Del total de los imputados, 13 se encuentran privados de su libertad, a la vez que a cuatro de las imputadas se les confirió la modalidad de prisión domiciliaria en atención a las particulares circunstancias familiares que se acreditaron.
Asimismo, se destaca en el comunicado que dos de los detenidos ya se encontraban cumpliendo condena.