La Justicia cordobesa liberó a las cuatro integrantes de Socorristas en red que habían sido detenidas, acusadas de «acompañar» un «aborto clandestino» en Villa María. Fuentes del Juzgado de Control de esa ciudad, que tomó la decisión, indicaron que de todos modos seguirán vinculadas a la causa, en tanto que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad advirtió que la interrupción voluntaria del embarazo no puede «calificarse como delictivo» porque se trata de «una acción legal” en Argentina.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, expresó «preocupación por la privación de la libertad de cuatro integrantes de la red nacional Socorristas en Red» a través de una presentación judicial. De acuerdo con el escrito presentado ante el Juzgado de Control de Villa María, a cargo de María Soledad Dottori, los hechos «no podrían calificarse como delictivos, por tratarse de acciones legales y socialmente valiosas vinculadas a la promoción de la salud reproductiva y al acompañamiento de abortos legales».
«Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto», señaló por su parte la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Como informó la semana pasada este diario, fuentes de Socorristas en Red dieron la alerta luego de que cuatro mujeres fueran detenidas el miércoles cuando «acompañaban» un «aborto voluntario» domiciliario en Villa María.
Dos de las «socorristas» fueron imputadas por el delito de «ejercicio ilegal de la medicina» y otras dos por «encubrimiento», detalló una fuente judicial. Las mujeres fueron detenidas el miércoles “en el marco de un procedimiento que se inició ese día a las 5 de la tarde”, repasó la abogada Rocío García Garro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). “Fueron allanados varios domicilios y se detuvieron a dos compañeras socorristas. También se libró un pedido de detención para dos compañeras que no se encontraban en el país”, por lo que»los familiares de esas compañeras que se encontraban fuera del país le hicieron saber a la fiscalía que cuando estas regresaran al país automáticamente se iban a presentar», añadió.
La abogada explicó que «la Fiscalía, haciendo caso omiso a lo que había manifestado la familia, directamente ordenó el pedido de captura”, por lo que las dos mujeres quedaron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras su arribo al país, el 24 a la madrugada. Luego, agregó García Garro, «la jueza de Control actuó con la celeridad del caso, resolvió la situación y ordenó la libertad de las cuatro compañeras”.
«Ahora el proceso queda vigente, y no nos queda más que discutir justamente que es absolutamente legal la actividad que realizan las socorristas», añadió. La abogada observó que «apenas se sancionó la ley (IVE) los sectores antiderechos pidieron su inconstitucionalidad. Durante el 2021 contabilizamos 37 acciones en contra de la ley”. «En 2022 la estrategia de los sectores antiderechos estuvo direccionada hacia la criminalización», subrayó, y remarcó que «se criminalizaron a profesionales de la salud y a usuarios del servicio de salud”. «Lo que hizo la fiscal de Villa María viene en línea con todo este movimiento criminalizador con el objetivo de generar miedo para desalentar», agregó.
Por su parte, la organización dio a conocer las liberaciones en comunicados publicados en sus redes sociales, en las que celebraron que “la lucha siempre sirve”. «A 2 años de la sanción de la ley 27.610 que abandonó el paradigma criminal, y reconoció el derecho de las mujeres, de otras personas gestantes, de niñas y adolescentes a interrumpir sus embarazos, repudiamos esta ofensiva judicial”, añadió la organización, que recordó que «no son abortos clandestinos” sino “autogestionados”.
Fuente: Página 12