En un nuevo capítulo de la interna libertaria, Villarruel criticó el manejo de fondos en Defensa mientras persiste la crisis salarial y financiera en las Fuerzas Armadas.
Argentina
La distancia política entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Esta vez, el foco de la polémica estuvo puesto en una cuestionada compra realizada para la Fuerza Aérea Argentina, una operación rodeada de denuncias por presuntas irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles.Cobertura municipal
La vicepresidenta utilizó sus redes sociales para reaccionar a una investigación periodística que reveló detalles de la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR. Con un mensaje cargado de críticas, volvió a despegarse del núcleo duro del Gobierno y lanzó cuestionamientos directos hacia el área de Defensa.
“Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, escribió Villarruel en X.
El mensaje no pasó desapercibido dentro del oficialismo. La vicepresidenta mantiene desde hace meses un vínculo deteriorado con la Casa Rosada y prácticamente dejó de mostrarse alineada con el entorno presidencial. Sus intervenciones públicas suelen marcar diferencias con distintas áreas del Gobierno y esta vez el blanco fue el manejo de fondos destinados a las Fuerzas Armadas.
Una operación rodeada de sospechas
La controversia se originó tras conocerse información sobre la compra de un Embraer ERJ-140LR para la Fuerza Aérea Argentina. Según las denuncias judiciales y periodísticas, el Estado habría pagado 4.085.000 dólares por la aeronave, pese a que existía otra oferta de características similares por aproximadamente 2.300.000 dólares.
Las sospechas también alcanzan al procedimiento administrativo utilizado para concretar la operación. De acuerdo a los informes difundidos, la licitación se desarrolló en menos de dos meses y con tiempos considerados inusualmente breves para una compra de ese nivel.
Además, se denunciaron modificaciones en el pliego que habrían terminado beneficiando a la empresa adjudicataria, Regional One Inc., situación que ahora quedó bajo análisis judicial.
A eso se sumó otro dato que despertó fuertes cuestionamientos: el avión ya tenía pintados los colores oficiales de la Fuerza Aérea antes de que concluyera formalmente el proceso legal de adquisición.
Los problemas técnicos detectados
La polémica no se limita solamente al valor pagado por la aeronave. Los informes técnicos realizados posteriormente en Estados Unidos detectaron distintas fallas en el avión adquirido.
Entre las observaciones aparecieron problemas de corrosión, pérdidas de aceite, desgaste general y faltantes de equipamiento. Esos reportes incrementaron las dudas sobre el estado real de la aeronave y sobre los controles efectuados antes de cerrar la operación.
Otro de los aspectos observados fue el mecanismo elegido para realizar el pago. Según trascendió, se utilizaron cuentas “escrow”, un sistema de depósitos internacionales que reduce la visibilidad sobre el movimiento de fondos y que ahora también forma parte de las investigaciones.
La crisis en las Fuerzas Armadas, otro eje del reclamo
En su publicación, Villarruel no solo cuestionó la compra del avión sino también el contexto económico en el que se realizó. La vicepresidenta puso el foco en la situación salarial del personal militar y en la delicada realidad financiera de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Actualmente, la obra social atraviesa un severo déficit económico que derivó en suspensión de prestaciones y deudas con proveedores médicos. A eso se suma el deterioro de los salarios militares frente a la inflación, una problemática que viene generando malestar dentro del sector.
Con ese planteo, Villarruel buscó contrastar el gasto millonario destinado a una operación cuestionada con las dificultades que atraviesa el personal de las Fuerzas Armadas.
Petri intentó despegarse del escándalo
Tras la difusión del caso, el exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri salió a responder públicamente y aseguró que había impulsado una denuncia judicial antes de abandonar el cargo.
Citando la investigación periodística, Petri afirmó: “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.
De esa manera, el exfuncionario buscó despegarse de cualquier responsabilidad directa en la operación y remarcar que la situación ya estaba judicializada antes de dejar el ministerio.
Otras compras también quedaron bajo la lupa
La investigación sobre el Embraer ERJ-140LR no sería un hecho aislado. Otras adquisiciones realizadas por la Fuerza Aérea desde 2021 también comenzaron a ser observadas por posibles inconsistencias administrativas y financieras.
Entre ellas aparecen un Boeing 737-700 matrícula T-99, un Saab SF-340 matrícula T-34 y otros dos Embraer ERJ-140LR identificados como T-95 y T-96.
Las distintas operaciones son analizadas por presuntas diferencias en los valores pagados, irregularidades en los procesos de compra y posibles fallas en los mecanismos de control, en un escenario que vuelve a exponer tensiones políticas dentro del oficialismo y suma presión sobre el área de Defensa.