La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja y presidida por la jueza Dra. Sara López Douglas, lleva adelante el juicio contra D. L. F., acusado por el delito de daños y amenazas en contexto de violencia de género, ocurrido en noviembre de 2024.
El juicio continuó con el juicio en la causa en la que se investigan hechos de presuntos daños y amenazas ocurridos en un domicilio del barrio 29 de Julio de la ciudad Capital.
Durante la primera jornada declararon testigos vinculados al hecho. En primer término, prestó testimonio una oficial subinspectora de la Policía de la Provincia, quien intervino tras un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre un conflicto entre una mujer y su ex pareja. Según relató, al llegar al lugar entrevistó a la denunciante, quien manifestó que al regresar a su vivienda encontró al imputado en el interior del domicilio.
De acuerdo con lo expuesto en el juicio, el hombre habría solicitado ver al hijo que tienen en común y posteriormente pidió prestada una motocicleta. Ante la negativa de la mujer, se habría producido una alteración en la conducta del acusado, quien presuntamente comenzó a ocasionar daños en el rodado y a proferir amenazas.
Posteriormente declaró un segundo testigo, quien señaló ser conocido del imputado y vendedor de la motocicleta involucrada en el hecho. Según indicó, el vehículo había sido vendido al acusado, quien realizó el pago correspondiente. Asimismo, explicó que el boleto de compraventa fue firmado por la ex pareja del imputado debido a que el comprador se encontraba trabajando al momento de formalizar la documentación.
Durante la audiencia también se incorporó la prueba documental ofrecida por ambas partes.
En la etapa final del debate se desarrollaron los alegatos de clausura. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el relato de la denunciante se mantuvo coherente desde el inicio de la causa y afirmó que los daños constatados en la motocicleta no habrían sido producto de una caída accidental, sino consecuencia directa de la conducta atribuida al imputado.
Por ello, la fiscalía solicitó que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable del delito investigado, requiriendo una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional. Además, pidió que se dispongan medidas de restricción de acercamiento respecto de la denunciante y otras medidas vinculadas a la protección de la víctima y la dinámica familiar.
Por su parte, la defensa del imputado sostuvo que los elementos probatorios reunidos no alcanzan el grado de certeza necesario para una condena. En su alegato argumentó que existirían inconsistencias en el relato de la denunciante respecto a la forma en que el acusado se encontraba en el domicilio y planteó que persiste una duda razonable sobre la mecánica de los hechos.
Asimismo, rechazó los planteos vinculados a cuestiones alimentarias o relativas a la paternidad, al considerar que esos aspectos exceden el objeto del proceso penal.
Concluidos los alegatos de las partes, el tribunal pasó a deliberar para dictar sentencia próximamente.