En el marco del intenso debate nacional sobre la reforma del régimen penal juvenil, la Defensora Pública Oficial de La Rioja, Virginia Jalil Colomé, dialogó con MEDIOS RIOJA y expresó su firme oposición a considerar penalmente imputables a los menores de 18 años y a someterlos a castigos severos propios del sistema adulto.
Durante sus declaraciones, Jalil Colomé enfatizó que la solución para los menores en conflicto con la ley no radica en el encierro ni en el endurecimiento punitivo. «Jamás voy a poder aceptar que un niño tenga que ser castigado tan severamente por su condición de menor. Nunca lo voy a aceptar; por supuesto que hay que cumplir la ley, pero tenemos personas que son vulnerables», sostuvo.
Vulnerabilidad y el riesgo del sistema carcelario
La funcionaria judicial hizo hincapié en las complejas realidades sociales y familiares que atraviesan los jóvenes que delinquen, advirtiendo que muchas veces actúan condicionados por su entorno o son manipulados por adultos.
En este sentido, alertó sobre las consecuencias de recluir a los adolescentes en instituciones penitenciarias: «Si un niño es manejado y vive en ambientes familiares complicados, la solución no es que termine al poco tiempo mezclado con personas de mayor peligrosidad. Arruinar la vida desde chicos no me parece justo en absoluto». Su postura se alinea con los principios de protección integral de derechos de la infancia, priorizando la contención social y la rehabilitación por sobre la punición retributiva.
Justicia independiente frente al dolor de las víctimas
Por otra parte, la Defensora abordó el rol de las víctimas y la imparcialidad en los procesos judiciales. Reconoció que en el ámbito provincial es comprensible que los familiares de las víctimas exijan las penas más severas, motivados por el dolor irreparable de la pérdida.
Sin embargo, subrayó la necesidad de preservar tribunales imparciales para garantizar el Estado de derecho: «Los padres de víctimas obviamente van a pedir lo peor para una persona, por eso se piden tribunales independientes; porque si no, no podrían impartir justicia». Asimismo, contrastó esta dinámica con el fuero federal, señalando que en ese ámbito este tipo de tensiones con familiares querellantes directos no suelen manifestarse de la misma manera.
El posicionamiento de la magistrada se suma a las voces del ámbito judicial y de derechos humanos que cuestionan los proyectos orientados a bajar la edad de imputabilidad, abriendo nuevamente el debate sobre cómo equilibrar la seguridad ciudadana, la protección de los derechos de los menores y la respuesta institucional ante el delito juvenil.