La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, autorizó la extensión hasta el próximo 10 de enero del plazo para presentar garantías, en el marco de la causa judicial por la estatización de YPF.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, autorizó la extensión hasta el próximo 10 de enero del plazo para presentar garantías, en el marco de la causa judicial por la estatización de YPF, accediendo así al pedido de la Argentina debido al proceso de transición de autoridades que se producirá en el país a partir del 10 de diciembre.
«Para adaptarse a la nueva administración en Argentina, la Corte permitirá hasta el 10 de enero de 2024 que la República presente garantías a los demandantes», señaló Preska en el dictamen al que pudo acceder Télam.
Además, el Tribunal concederá «una extensión de una semana del plazo de la República, hasta el 30 de enero de 2024, para presentar su escrito de apertura y solicitar una revisión expedita del Tribunal de Apelaciones». «La suspensión temporal de la ejecución permanecerá vigente hasta que la República no haya depositado los activos a los demandantes antes del 10 de enero de 2024 o hasta el 30 de enero de 2024, lo que ocurra primero», estableció la jueza.
Por último, el fallo de Preska remarca que «tras el cumplimiento de ambas condiciones se concede a la República una nueva suspensión de la ejecución pendiente de apelación».
En una nota presentada a principios de semana por los letrados patrocinantes del país, el estudio Sullivan & Cronwell LLP, el Gobierno solicitó «la suspensión de la ejecución de la sentencia firme, vigente hasta el 5 de diciembre de 2023, para pignorar ciertos activos, y establecer como condición de una nueva suspensión que se amplíe ese plazo nunca antes del 10 de enero de 2024.
Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023″.
La nota indicó que «los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República primero acuerde un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la Orden del Tribunal del 21 de noviembre».