El Ministro de Seguridad de La Rioja se pronunció sobre el debate nacional y defendió las estadísticas provinciales, asegurando que el foco de la delincuencia en Argentina reside mayoritariamente en los adultos y no en los menores. En diálogo con MEDIOS RIOJA, defendió su postura brindando datos estadísticos reales, de la comunidad carcelaria, y cómo abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Miguel Ángel Zárate, fijó una postura crítica frente a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Para el funcionario, se trata de una propuesta con una «mirada centralista» nacida en Buenos Aires que no ataca la raíz del problema. «Escuché que con esto se busca luchar contra el flagelo de la inseguridad y creo que bajar la edad no resuelve ese problema en absoluto», sentenció Zárate, remarcando que el porcentaje de delitos cometidos por menores es marginal a nivel nacional.
A través de datos estadísticos, el ministro detalló que solo el 1,5 por ciento de los delitos en el país son autoría de menores de 18 años, mientras que en los servicios penitenciarios apenas representan el 0,4 por ciento de la población.
Zárate destacó la realidad riojana: «En La Rioja no tenemos menores de 18 años en situación de condena penal, ni detenidos en instituciones de alojamiento de personas». Asimismo, precisó que los jóvenes de entre 18 y 21 años representan apenas el 1 por ciento de la población carcelaria provincial.
Para el titular de la cartera de Seguridad, el debate debe centrarse en la contención y no en el castigo penal juvenil bajo procesos de adultos.
Según explicó, la cantidad de causas judiciales que involucran a menores se ha mantenido estable en los últimos años, con un promedio de 2.000 expedientes anuales en el país. «El objetivo es que menores de 16 no cometan delitos, castigarlos en el marco de un proceso penal de adultos tampoco creo que sea el camino», analizó sobre la efectividad de la medida.
Finalmente, Zárate instó a las autoridades y a la sociedad a replantear el abordaje estatal frente a la vulnerabilidad juvenil. Aseguró que el Estado tiene la obligación de mitigar los efectos de esta problemática social antes que buscar soluciones punitivas que no coinciden con la realidad estadística. «El esfuerzo del Estado no debe estar en una ley que busque bajar la edad de imputabilidad. Nos tenemos que plantear, en todo caso, cómo queremos vivir en sociedad», concluyó.
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