El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) informó el martes que alcanzó un acuerdo civil de 138,7 millones de dólares con cientos de víctimas del ex médico de USA Gymnastics Larry Nassar, que cumple una pena de prisión por abusar sexualmente de atletas.
El acuerdo resuelve las denuncias de que el FBI estropeó la investigación inicial sobre Nassar, dijo el Departamento de Justicia.
«Estas acusaciones deberían haberse tomado en serio desde el principio», afirmó en un comunicado Benjamin Mizer, fiscal general adjunto en funciones de Estados Unidos. «Si bien estos acuerdos no desharán el daño que Nassar infligió, nuestra esperanza es que ayuden a dar a las víctimas de sus crímenes algo del apoyo crítico que necesitan para continuar sanando».
Nassar, el médico principal de las gimnastas olímpicas durante 18 años, fue condenado en un tribunal federal en 2017 a 60 años de prisión por cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.
Al año siguiente, Nassar fue condenado a hasta 175 años y hasta 125 años, respectivamente, en dos tribunales distintos de Michigan por abusar de gimnastas bajo su cuidado.
Las medallistas de oro olímpicas estadounidenses Simone Biles y McKayla Maroney fueron algunas de las víctimas que criticaron públicamente al FBI por su gestión de la investigación.
El acuerdo resuelve 139 demandas distintas, según el DoJ.
Las víctimas acusaron al FBI de no actuar ante las pruebas que recibió en 2015, lo que permitió a Nassar seguir abusando sexualmente de mujeres jóvenes y niñas hasta que fue acusado un año después.
«Estamos orgullosos de haber logrado un acuerdo monumental con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no sólo asegura la recuperación que las sobrevivientes merecen, sino que también responsabiliza al DoJ y al FBI por sus fallas», dijeron en un comunicado cuatro abogados que representaron a 77 de las víctimas
Un informe elaborado en 2021 por el organismo de control interno del Departamento de Justicia reveló errores generalizados por parte del FBI, como no entrevistar con prontitud a las posibles víctimas y no documentar las entrevistas.
El DoJ optó por no presentar cargos penales contra los agentes implicados en la investigación en 2022, manteniendo una decisión anterior.
NA