El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza en profundidad el impacto de la reforma previsional impulsada por el presidente Javier Milei, la cual afectó directamente a los haberes jubilatorios al modificarse la fórmula de movilidad. La política de ajuste ha resultado en una significativa pérdida de poder adquisitivo, que se prevé continúe con el proyecto de presupuesto 2025.Political booksArgentinian cuisine
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, implementado en marzo de este año, reemplazó la fórmula de movilidad de 2021 (Ley 27.609) con una nueva actualización mensual atada al índice de precios al consumidor (IPC), pero con un retraso de dos meses. Esto significó una recuperación parcial de los haberes en el segundo trimestre de 2024, luego de una caída pronunciada a causa de la alta inflación, el aumento del impuesto PAIS y la devaluación.
Sin embargo, el ajuste resultante implicó que los haberes jubilatorios alcanzaran un «piso histórico» del cual no se podrán recuperar, consolidando el poder adquisitivo en un nivel bajo. Según el CEPA, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, las jubilaciones sin bono fueron un 4% inferiores a las del mismo período del año anterior, mientras que las que incluyeron el bono se ubicaron un 13,1% por debajo.
Los efectos de la nueva fórmula frente a la ley derogada
De haberse mantenido la fórmula anterior, los haberes jubilatorios hubieran experimentado aumentos mayores en septiembre y en el próximo ajuste de diciembre. Con la fórmula actual, la jubilación mínima sin bono quedará en diciembre de 2024 en $259.599, mientras que bajo la ley anterior se estimaba en $314.303, un 21,1% más. Esto representa una pérdida considerable en el poder de compra de los jubilados, quienes se ven afectados por una política que, si bien ajusta en función de la inflación, no permite una mejora real de sus ingresos.
Congelamiento del bono y sus efectos en el bolsillo de los jubilados
El informe subraya otro punto crítico: el congelamiento del bono de $70.000, que percibe el 70% de los jubilados. Desde marzo, este bono se ha mantenido fijo, perdiendo poder adquisitivo mes a mes debido a la inflación. Si se hubiera actualizado en la misma proporción que el haber jubilatorio, el bono debería alcanzar en diciembre los $135.140, es decir, $65.140 adicionales que no se recibirán.
Este congelamiento es parte de una estrategia de ajuste que prioriza el superávit fiscal a expensas de los sectores más vulnerables. En el período enero-septiembre de 2024, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones representó un 25,3% del ajuste total del gasto público, según datos del CEPA.
El presupuesto 2025 y sus implicancias para los jubilados
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo prevé la ratificación de la fórmula de movilidad atada al IPC y el congelamiento del bono en $70.000 durante todo el año. Esta decisión, según cálculos del CEPA, implicará una pérdida adicional de $102.793 para cada jubilado que percibe la mínima, en caso de que se cumplan las metas de inflación previstas por el gobierno.
Aún más, en el presupuesto se planea que las asignaciones familiares dejen de actualizarse bajo la fórmula de movilidad, quedando a discreción del Ejecutivo los ajustes. Además, el gobierno confirmó que la moratoria previsional vigente no se prorrogará, con lo cual, a partir de marzo de 2025, quienes no cuenten con los aportes necesarios solo podrán acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima y no transferible a los beneficiarios.