Elisa Carrió, histórica denunciante de la causa Vialidad en 2008 por la que hoy cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, volvió a la escena política y judicial al acusar públicamente a Karina Milei de tráfico de influencias, cohecho y violación a la Ley de Ética Pública. Sus diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron la denuncia formal ante la justicia federal, solicitando la investigación de su rol como gestora de reuniones con el presidente.
La presentación incluye testimonios y chats privados filtrados, donde presuntamente allegados a Javier Milei afirman que debían pagar sumas de dinero a Karina Milei para obtener acceso al mandatario o promover proyectos, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, cuya promoción presidencial derivó en estafas investigadas en Argentina, EE.UU. y España. Se cita incluso a empresarios como Hayden Davis, quien habría escrito: “Le envío plata a su hermana y él firma lo que digo”.
La denuncia también menciona la declaración del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien sostuvo que Karina Milei le pidió dinero para facilitar una entrevista con el presidente, y las sospechas en torno al financiamiento de la Fundación Faro Argentino, vinculada a asesores libertarios. Además, se pide investigar reuniones con traders vinculados al escándalo cripto y citas gestionadas con fines comerciales.
Desde el oficialismo descalifican la denuncia como un «manotazo de ahogado político». Sin embargo, el hecho de que la impulsora sea Carrió (la misma que hace 17 años denunció a la entonces presidenta Kirchner) otorga un peso simbólico e institucional contundente. Si se comprueba el uso discrecional del cargo de Secretaria General de la Presidencia, el impacto podría afectar la legitimidad del círculo más íntimo del poder libertario.