Gremios, diputados y gobernadores contra el cierre de Vialidad Nacional: acusan al Gobierno de poner en riesgo rutas y miles de puestos de trabajo.
El decreto 461/25 del Gobierno nacional desató una fuerte reacción gremial, política y judicial. La medida, que establece el cierre de Vialidad Nacional, provocó un rechazo inmediato por parte de los sindicatos que representan a los más de cinco mil trabajadores del organismo, que ya desplegaron acciones concretas para frenar la decisión del presidente Javier Milei.
Los gremios impulsan un amparo en la justicia laboral para declarar inconstitucional la medida, y además trabajan junto a legisladores en un proyecto de ley para derogarla en el Congreso. Las presentaciones apuntan contra lo que consideran un decreto arbitrario, ilegal y que pone en riesgo tanto los puestos laborales como la seguridad vial del país.
Una historia de 93 años que Milei busca borrar por decreto
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada por ley hace más de 90 años. Desde entonces, ha sido el organismo encargado de las licitaciones, construcción, mantenimiento y señalización de rutas y puentes en todo el territorio nacional. En los últimos años, su rol tomó mayor visibilidad por la causa Vialidad, que involucró a Cristina Kirchner y exfuncionarios.
El decreto presidencial que plantea su cierre será impugnado con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien presentará un amparo con foco en dos ejes: la inconstitucionalidad del decreto y los riesgos laborales y viales que implica la eliminación de la DNV.
Cuestionamientos legales y advertencias por seguridad vial
El argumento central es que el Poder Ejecutivo no puede eliminar por decreto un organismo creado por ley, como es el caso de Vialidad. Según el artículo 76 de la Constitución, las facultades delegadas al Ejecutivo deben tener límites precisos y no pueden violar la autarquía de instituciones como la DNV.
Vialidad Nacional
Además, los gremios sostienen que la medida no solo afectará empleos, sino que también dejará desprotegida la infraestructura vial del país. “Gendarmería no puede hacerse cargo de puentes, señalización y mantenimiento. No tienen el conocimiento ni la preparación”, advirtió Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales.
Apoyo legislativo y petitorio a gobernadores
Los gremios también presentaron un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores, con el objetivo de sumar apoyo político a la causa. El texto fue firmado por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade, además de legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
En el proyecto, se afirma que el decreto carece de “base técnica, legal y constitucional” y se alerta sobre las “consecuencias negativas para la red vial y la seguridad de sus usuarios”. Además, se destaca que Vialidad Nacional tiene presencia territorial en las 23 provincias y cumple un rol estratégico para el desarrollo nacional.
Un plan de lucha federal para defender Vialidad
El gremio STVyARA anunció un plan de lucha federal que se replicará en cada seccional del país. “Seguiremos hasta las últimas consecuencias en defensa de Vialidad Nacional y de cada trabajador y trabajadora”, expresaron en un comunicado oficial.
En la presentación ante gobernadores, el sindicato advirtió que el cierre de Vialidad impactará negativamente en las economías regionales, el turismo y las producciones locales, y que la medida “representa la desaparición completa del concepto de patria”.
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La resistencia está en marcha en múltiples frentes. La Justicia, el Congreso y las calles serán los escenarios donde se definirá el futuro de uno de los organismos más antiguos del Estado argentino.