Unos 145.004 trabajadores pidieron el alta de la prestación en los primeros nueve meses del año.
La pérdida de empleos registrados en la industria, el comercio y la construcción impulsó un aumento cercano al 30% del seguro por desempleo, en un contexto donde el haber promedio queda relegado ante el costo de vida.
Entre enero y septiembre de 2026, un total de 145.004 trabajadores registrados despedidos sin justa causa comenzaron a cobrar la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social, según reflejan datos oficiales.
Esta cifra marca un incremento del 29,4% en comparación con las 112.056 altas contabilizadas en el mismo período de 2025. El impacto laboral se concentró principalmente en tres sectores clave: la industria lideró con 35.922 casos, seguida por el comercio con 32.928 y la construcción con 21.663.
Al considerar las altas y las bajas por reincorporación laboral o agotamiento del beneficio, un total de 127.613 personas percibieron esta prestación en septiembre. El cobro promedio alcanzó los $325.368, lo que representa una suba interanual del 18,7% respecto de los $274.324 de un año atrás. Sin embargo, este ajuste del haber quedó significativamente por debajo de la inflación interanual del 33,4%.
El perfil de los beneficiarios en septiembre muestra que 86.288 son varones y 41.325 son mujeres. En cuanto a la localización geográfica, la provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 54.936 receptores, seguida por Santa Fe con 9.698, Córdoba con 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires con 9.029.
En el acumulado de los últimos dos años y nueve meses correspondientes a la administración de Javier Milei, la suma de altas alcanzó las 473.186 prestaciones (174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026). Este volumen representa un salto respecto a los registros de años anteriores, cuando se contabilizaron 108.942 altas en 2023 y 86.268 en 2022.
El derecho a percibir este seguro abarca a empleados en relación de dependencia amparados por la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo desvinculados sin justa causa, por fin de contrato o por causas externas.
Para acceder, se exige contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido. Para trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es poseer menos de 12 meses trabajados en el trienio y más de 90 días en el último año.
El beneficio se otorga por un período de hasta 12 meses, con 6 meses adicionales para mayores de 45 años, en un esquema descendente: se percibe el 100% los primeros 4 meses, el 80% entre el quinto y el octavo mes, y el 70% entre el noveno y el duodécimo mes. Durante este lapso, los beneficiarios conservan la cobertura de obra social, asignaciones familiares y el cómputo del tiempo para la antigüedad jubilatoria.
Pese a que en 2023 el Consejo del Salario Mínimo estableció que la prestación debía equivaler al 75% de la mejor remuneración habitual de los 6 meses previos, la resolución fijó un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.