Este miércoles 1° de octubre a las 11 el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a la Plaza de Mayo.
El miércoles 1° de octubre a las 11 en Plaza de Mayo, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convocan a movilizarse para exigir la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero postergada en su ejecución.
«La postergación de esta ley constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento de nuestra democracia. Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno», afirman desde el Foro.
Tras el veto rechazado por el Congreso, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin embargo, la ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto nacional.
Presupuesto y decreto complementarios:
▪️ El Gobierno también publicó la Decisión Administrativa 24/2025, que readecúa partidas presupuestarias para la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 1° de octubre, pero dejando claro que la aplicación de la ley dependerá de que el Congreso apruebe el financiamiento.
▪️ Además, a través del Decreto 681/2025, se oficializó la promulgación de la ley, detallando el impacto fiscal proyectado y ratificando la suspensión de su ejecución hasta tanto se definan los recursos.
«Manifestamos nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a una sociedad que ya le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos. Desde el Foro Permanente hemos enviado una carta a organismos internacionales para informar sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. En ella denunciamos la vulneración de derechos, el incumplimiento de leyes clave como la Ley 27.793 y el impacto de las políticas que afectan pensiones, prestaciones básicas y talleres protegidos», argumentan.
Con esta acción «buscamos visibilizar la problemática y solicitar la atención y solidaridad de la comunidad internacional, recordando al Estado argentino su obligación de garantizar los derechos de este colectivo», concluyen.