El Congreso vuelve a entrar en ebullición. A pocos días de las elecciones legislativas, crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Aunque Diputados ya dio media sanción a la norma, un artículo rechazado obliga a que el texto regrese al Senado. Pero el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, aún no envió los expedientes, y la oposición lo acusa de frenar el trámite para evitar que se vote antes del domingo electoral.
La denuncia de Ferraro: “El Congreso no puede estar frenado por especulaciones”
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una nota formal exigiendo la “inmediata comunicación” del proyecto al Senado. “Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, reclamó en redes sociales.
Ferraro fue más allá y apuntó directamente contra la Casa Rosada: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.
Diputados a la defensiva: “Estamos dentro de los plazos”
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados rechazaron que exista alguna intención dilatoria. Señalan que aún están dentro de los plazos razonables, que el viernes pasado fue feriado y que la sesión en la que se aprobó la reforma incluyó varias interpelaciones a ministros, previstas para el día siguiente. Además, aseguran que la ley no impone un plazo específico para enviar el texto modificado al Senado.
Pese a eso, el peronismo ya había hecho trascender que su intención era revisar el expediente en comisión este mismo martes, con la idea de convocar a sesión la próxima semana. Pero sin dictamen previo, el Senado necesitaría una mayoría especial de dos tercios para habilitar el debate, algo difícil en pleno tramo final de la campaña y con varios gobernadores marcando distancia del oficialismo.
Una ley con historia y un artículo clave que quedó en el camino
El proyecto, aprobado previamente por el Senado con apoyo del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso sectores del PRO, reforma la ley 26.122, vigente desde 2006, cuando fue impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Uno de los cambios más relevantes es que obliga a ambas Cámaras a pronunciarse sobre la validez de los decretos para que sean ratificados. Hoy, basta con que una sola los apruebe. Este cambio le daría a la oposición una herramienta poderosa: con mayoría en una sola Cámara, podría invalidar cualquier decreto presidencial.