Aunque el oficialismo logró una semana de calma antes de los comicios, deberá enfrentar un escenario complejo en la Cámara alta, con temas sensibles como los DNU, la Defensoría del Niño y la elección del Defensor del Pueblo.
ras varios intentos de sesión agitadas por el cristinismo, el Gobierno tendrá una semana más tranquila de lo previsto antes de las elecciones. Sin embargo, el panorama posterior al 26 de octubre se vislumbra mucho más complicado. A La Libertad Avanza le espera una agenda cargada hasta diciembre, que incluye la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pedidos de interpelación a funcionarios, la votación de la nueva Defensora del Niño y una dura disputa por el Defensor del Pueblo.
Estas cuestiones fueron instaladas por la oposición, tanto la más dura como la dialoguista, siguiendo un hilo cronológico preciso. No hubo improvisación: son temas que podrían haberse resuelto tiempo atrás, pero quedaron deliberadamente pendientes, listos para ser activados en la Cámara alta.
El tema más delicado es la modificación a la ley de DNU, una norma impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, hoy condenada y con prisión domiciliaria. Diversos gobiernos hicieron uso y abuso de este instrumento, que se convirtió en una de las formas más potentes de eludir el debate legislativo.
La senadora Alejandra Vigo, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y figura cercana al peronismo disidente, reactivó la discusión y promovió un dictamen exprés. Lo hizo, según observadores, después de que el presidente Javier Milei criticara a su esposo y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Desde entonces, se aceleraron también los pedidos de interpelaciones a funcionarios, aunque no todos los despachos consiguieron las firmas necesarias, incluso por parte de algunos legisladores cristinistas.
El proyecto aprobado en el Senado establece que los DNU deberán ser aprobados en un plazo máximo de 90 días corridos por ambas Cámaras, con mayoría absoluta. Actualmente, si el Congreso no los rechaza expresamente, los decretos continúan vigentes sin límite de tiempo. Además, la nueva redacción dispone que caigan si una sola de las Cámaras los vota en contra, salvo en casos de derechos adquiridos.
Traba en Diputados y regreso al Senado
La iniciativa se frenó en Diputados. Aunque los legisladores opositores aprobaron el texto en general, durante la votación en particular no se alcanzó la mayoría absoluta necesaria para validar el artículo que fija el plazo de 90 días. Por ello, el tema deberá volver al Senado, que decidirá si insiste con la versión original o adopta la modificada por la Cámara baja.
Mientras tanto, en la Cámara alta varios proyectos que generan rispideces internas quedaron postergados. Avanzar con ellos implicaría desatar un fuerte lobby y tensiones dentro de los propios bloques, con gobernadores y dirigentes dispuestos a defender las reglas vigentes.
Defensora del Niño y otras designaciones sensibles
El Senado también tiene pendiente la designación de la nueva Defensora del Niño. La candidata es María Paz Bertero, de extracción kirchnerista, que logró el respaldo del sector gracias a un acuerdo con la diputada radical jujeña Natalia Sarapura. Este entendimiento dejó en evidencia la falta de coordinación entre la Casa Rosada y los libertarios, que no supieron anticipar la jugada.
Otro de los cargos que genera fuerte disputa es el del Defensor del Pueblo. En los últimos días tomó fuerza la postulación de Gonzalo Condis, politólogo con posgrado en Washington y trayectoria en organismos como INADI y PAMI, actualmente director de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Su nombramiento requiere un amplio consenso entre ambas Cámaras, y aunque ya cuenta con respaldo de varios gobernadores, todavía no hay definiciones.
Vacantes en la Auditoría General de la Nación
La Auditoría General de la Nación (AGN), órgano encargado del control externo del gasto público, atraviesa una situación crítica. Desde hace meses no cuenta con sus seis auditores titulares, debido a la falta de acuerdos entre los bloques del Congreso. Solo permanece en funciones su presidente, el legislador porteño electo del kirchnerismo light Juan Manuel Olmos, quien conduce en soledad un organismo clave.
El Ejecutivo, hasta el momento, se mantiene al margen y no ha emitido opinión sobre estas vacantes institucionales. Tampoco se ha mencionado el Presupuesto 2026, que probablemente sea tratado con una nueva composición del Congreso, sumando más incertidumbre a un escenario ya complejo.