La Corte Suprema de Justicia volvió a emitir una fuerte advertencia por la demora en una causa por abuso sexual infantil y recomendó evaluar sanciones a los magistrados intervinientes, en lo que representa el segundo pronunciamiento en una semana sobre casos de inacción judicial en hechos graves.
En esta oportunidad, el máximo tribunal señaló que un expediente por presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años permaneció inactivo durante casi siete años por una disputa de competencia entre juzgados de Tucumán y San Isidro, lo que impidió cualquier avance en la investigación.
El caso se inició el 17 de julio de 2014 cuando una mujer denunció en la comisaría de Los Nogales, en Tucumán, a su ex pareja por haber abusado de su hija en enero de 2012, durante una visita en la localidad bonaerense de Florida. La causa fue radicada inicialmente en el Juzgado de Instrucción de la III Nominación de San Miguel de Tucumán, cuyo titular, Juan Francisco Pisa, se declaró incompetente en octubre de 2014. Más de un año después, recién en marzo de 2016, las actuaciones llegaron a la justicia de Buenos Aires.
En abril de 2016, el juez Ricardo Costa, del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, también rechazó intervenir por considerar que no se había determinado con claridad si el hecho ocurrió en esa jurisdicción. Si bien luego se tomaron declaraciones a la denunciante y a la víctima, Costa ratificó su incompetencia en diciembre de 2017 y dispuso el envío del incidente a la Corte.
Sin embargo, la causa quedó prácticamente paralizada. Recién en septiembre de 2024, se detectó en una revisión que el incidente de incompetencia nunca había sido formalizado. A partir de ello, el magistrado Raúl Cardozo, del Colegio de Jueces de Tucumán, ordenó retomar el trámite y envió el expediente a la Corte Suprema.
En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que “casi siete años después de la ratificación de incompetencia del juez Pisa”, la causa seguía sin resolución, lo cual calificaron de “excesivo” e instaron a que “los tribunales intervinientes le den inmediato trámite al expediente y procuren que el daño sufrido por la víctima no se vea aún más incrementado”.
Asimismo, la Corte dispuso informar de esta situación a la Corte Suprema de Tucumán para que evalúe posibles sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables.
El fallo vuelve a poner en el centro de la escena el funcionamiento del sistema judicial frente a denuncias por delitos sexuales contra menores y refuerza la preocupación del máximo tribunal por la falta de respuestas rápidas en casos sensibles.