La investigación por el fallido secuestro del teléfono del empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, señalado por el fiscal Franco Picardi como parte del entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), abrió un nuevo frente judicial que apunta directo al accionar de organismos nacionales.
La Justicia quiere saber cómo fue posible que el empresario eludiera la orden para entregar su celular cuando regresó al país, pese a la presencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Dirección Nacional de Migraciones.
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa paralela que analiza el rol de las fuerzas nacionales, ordenó una batería de medidas luego del impulso de la fiscal Paloma Ochoa. El foco está puesto en la secuencia que permitió que el teléfono —considerado clave para reconstruir supuestas maniobras de lavado en la ANDIS— desapareciera sin dejar rastro.
Las medidas que ordenó Rafecas
Rafecas pidió a Migraciones el Protocolo de actuación en casos de órdenes judiciales y un detalle de sus facultades para demorar personas y retener pertenencias. También requirió las actuaciones de la PSA y exigió las cámaras del Aeroparque Jorge Newbery para reconstruir el recorrido del empresario desde su arribo.
Como Mastropietro había hecho una escala previa en Tucumán, el juez solicitó las imágenes del aeropuerto provincial. Además, pidió el listado de llamadas entrantes y salientes del número cuya entrega nunca se concretó.
Fuentes del expediente confirmaron que Mastropietro llegó el 15 de noviembre desde Miami en un vuelo privado, con parada técnica en Tucumán. Eso, según explicaron, dificultó el operativo porque no se conocían el horario exacto del arribo ni los detalles del vuelo.
Una vez en Aeroparque, PSA y Migraciones debían secuestrar su teléfono. Sin embargo, nada ocurrió. Cuando finalmente lograron interceptarlo, el empresario sostuvo que no tenía el dispositivo encima y que lo había perdido. “Ese celular salió de Aeroparque”, señalaron fuentes de la investigación.
Días antes, el empresario había sido allanado en su casa de San Isidro, donde se secuestraron computadoras. Aunque no integra la primera tanda de indagatorias solicitadas por Picardi, su nombre aparece en varios tramos del dictamen del fiscal ante el juez Sebastián Casanello, quien denunció el episodio que derivó en esta causa paralela.
El entramado financiero y su rol en la causa ANDIS
Picardi describió a Mastropietro como “el operador financiero y persona de confianza” de Miguel Ángel Calvete, el empresario señalado de articular un circuito ilícito para direccionar contrataciones y recaudar dinero de droguerías proveedoras de la ANDIS.
En un escrito dirigido a Casanello, el fiscal puntualizó: “De las evidencias colectadas, se advierte que Miguel Ángel Calvete y Diego Orlando Spagnuolo mantendrían, al menos, una relación comercial con Sergio Mastropietro, quien, como sabemos, se encuentra vinculado a la firma Baires Fly S.A.”. Según el dictamen, la empresa emitió facturas a las firmas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales” en aeronaves privadas.