Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, tras una instrucción que se extendió por 15 años, dio inicio al juicio oral por la causa «Sueños Compartidos» donde se investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
Los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, debido a que están señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
Ante los magistrados Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, se llevó a cabo la lectura de las acusaciones, acompañada por los requerimientos de elevación a juicio, tanto de la fiscalía como de la querella, que es llevada adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF), según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De Vido y López, junto al exsubsecretario Abel Fatala, son señalados como coautores, mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. Paralelamente, los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son apuntados como “partícipes secundarios”.
Luego de las lecturas preliminares, varios de los imputados se negaron a declarar; por su parte, De Vido negó “total y categóricamente” los hechos y se remitió a la indagatoria que brindó durante la instrucción.
Por su parte, la fiscalía solicitó la citación de 92 testigos y sostuvo que las adjudicaciones se concretaron “sin licitación previa”; en la misma línea, aseguró que el Ministerio de Planificación aportó el financiamiento, mientras que los municipios y las provincias realizaban la “fiscalización técnica secundaria”.
Entre las irregularidades detectadas, indicaron falta de controles e inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales, y ausencia de monitoreo en la planificación de las obras llevadas a cabo.