El Foro Argentino de Discapacidad confirmó un cese de actividades para este miércoles y jueves. Denuncian deudas que arrastran desde octubre y advierten que algunos hogares ya no pueden sostener la atención de los beneficiarios.
La situación de las prestaciones por discapacidad ha llegado a un punto crítico en todo el país, con un impacto directo en las instituciones riojanas que dependen de fondos nacionales. Pablo Molero, coordinador del Foro Argentino de Discapacidad, confirmó en diálogo con MEDIOS RIOJA, que el Ministerio de Salud de la Nación adeuda pagos desde el mes de octubre, mientras que en noviembre y diciembre «no cobró casi nadie». Esta falta de financiamiento se ve agravada por los retrasos del PAMI y diversas obras sociales, asfixiando la operatividad de los centros locales.
El escenario es particularmente alarmante para los hogares que brindan servicios esenciales de alimentación, limpieza y transporte. Según advirtió Molero, la falta de recursos es de tal magnitud que algunas instituciones ya están planteando medidas extremas para el próximo mes: «Algunos para abril plantean a los padres que saquen a sus hijos de las instituciones porque no pueden sostenerlos». Esta crisis pone en riesgo la continuidad de la asistencia para los sectores más vulnerables de la provincia.
Desde el sector señalan una preocupante falta de coordinación y ejecución presupuestaria en los organismos centrales. Molero denunció que, mientras los prestadores se hunden en deudas, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no utilizó los fondos disponibles. «La ANDIS, cuando cerró, devolvió 30 mil millones de pesos a rentas generales por no haberlos ejecutado», afirmó el coordinador, subrayando la contradicción entre el superávit devuelto y la falta de envío de dinero por parte del Ministerio de Economía.
Ante la falta de respuestas, los prestadores de todo el país convocaron a un paro de actividades para este miércoles y jueves. La medida busca visibilizar una realidad que ya amenaza con el cierre definitivo de centros en diversas provincias, donde el sostenimiento de los pensionados depende casi exclusivamente de estos fondos que hoy permanecen congelados por el Gobierno Nacional.