Tras el engaño que afectó a más de 400 personas en La Rioja, las víctimas realizaron un escrache a Diego Díaz. Durante la protesta, se registraron incidentes violentos y la querella pedirá el cambio de carátula a «Asociación Ilícita».
La tensión por la megaestafa que prometía puestos de trabajo en el festival Cosquín Rock sumó un nuevo capítulo de violencia. Un numeroso grupo de damnificados se movilizó hasta el domicilio de Diego Díaz, uno de los principales señalados en la causa, para exigir justicia ante su actual estado de libertad. La protesta, que contaba con autorización policial, terminó con agresiones físicas: «Una mujer salió del domicilio y violentó a Abigail Brizuela, le pegó en la cara con golpes de puño», detalló el abogado querellante Fernando Brizuela a MEDIOS RIOJA, confirmando que ya se radicó la denuncia penal por este ataque.
El engaño consistía en una falsa oferta laboral con sueldos de 2 millones de pesos y hospedaje incluido para trabajar en el evento cordobés. Para acceder, las víctimas debían depositar entre 90 mil y 350 mil pesos en concepto de «gastos». Sin embargo, días antes de la fecha pactada en febrero, se les comunicó que el viaje no se realizaría. Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro acusados: Díaz, Coronel (quien permanece detenido en la Alcaidía), Gómez y Martínez.
Respecto a la situación judicial, el letrado explicó que, si bien la estafa es un delito excarcelable, la cantidad de víctimas cambia el escenario. «Vamos a pedir la acumulación de las denuncias que van de 150 a 400 víctimas; hablamos de un concurso de delitos», señaló Brizuela. Con esta estrategia, la querella busca que quienes recuperaron la libertad vuelvan a ser detenidos debido a la gravedad de la escala penal resultante de tantos hechos independientes.
Además, el equipo legal presentará un pedido formal para endurecer la imputación. «Vamos a pedir el cambio de calificación legal de Estafa a Asociación Ilícita», adelantó el abogado, argumentando que existía una organización montada para el fraude. Sobre el dinero sustraído, se informó que existen cuentas de Mercado Pago bloqueadas y un automóvil secuestrado, aunque Brizuela aclaró que la prioridad de la justicia penal es determinar el delito y no necesariamente garantizar la devolución inmediata de los fondos.
Por el momento, los damnificados continúan organizados y bajo supervisión de la Comisaría Octava, esperando que el avance de la causa unifique los expedientes. La expectativa de las víctimas es que el dinero recuperado en los operativos sea destinado a resarcir a las cientos de familias riojanas que depositaron sus ahorros en una promesa laboral que nunca existió.