Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
La Justicia federal ordenó una serie de allanamientos en el marco de la investigación por los vuelos privados utilizados por el funcionario Manuel Adorni, mientras analiza posibles nuevos viajes y el financiamiento de los traslados.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este junto al periodista que trabaja en TV Pública Marcelo Grandio, durante el feriado de Carnaval.
En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron, entre miércoles y jueves, procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis.
La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.
El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes.
En paralelo, la causa sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario, en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados.
El avance del expediente judicial incrementa la presión sobre el entorno del Gobierno, en un caso que combina el uso de vuelos privados, vínculos con terceros y el análisis del financiamiento de actividades de funcionarios públicos.