La iniciativa fue presentada en la sede de AMP por distintas agrupaciones, entre ellas el Frente Riojano de Organización Popular (FROP). Según explicó su referente, Fernando Gómez a MEDIOS RIOJA, la propuesta busca reunir firmas para elevar el pedido a la Cámara de Diputados de la Nación o, en su defecto, promover una consulta popular.
Diversas organizaciones sociales y gremiales de La Rioja presentaron formalmente una campaña destinada a promover un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Javier Milei. El lanzamiento se realizó en la sede de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) y contó con las declaraciones de Fernando Gómez, referente del Frente Riojano de Organización Popular (FROP), quien detalló los fundamentos y objetivos de la iniciativa.
Según expresó Gómez, la medida surge en rechazo a lo que desde su espacio denominan «políticas de agresión» implementadas por el Ejecutivo nacional desde el inicio de su gestión. En ese sentido, el dirigente señaló de manera particular al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos laborales y un «atentado a la soberanía del territorio nacional» por facilitar la adquisición de tierras a capitales extranjeros.
De acuerdo con lo manifestado por el referente del FROP, la convocatoria se suma a otras presentaciones similares impulsadas en distintos puntos del país y persigue dos ejes centrales:
- Instancia legislativa y consulta popular: En primer lugar, las organizaciones buscan recolectar firmas para respaldar la solicitud ante la Cámara de Diputados de la Nación —órgano encargado de formular la acusación en un proceso de juicio político— con el fin de interpelar a los bloques de la oposición. Gómez indicó que, si el planteo no logra avanzar en el Congreso, el objetivo alternativo será construir una consulta popular para frenar las medidas del Gobierno nacional.
- Diagnóstico sobre la situación social: Como segundo punto, el dirigente sostuvo que la campaña apunta a visibilizar el origen de la crisis económica y social. En sus declaraciones, estimó que entre un 80 % y un 90 % de la precarización actual —que vinculó con el incremento de jóvenes en situación de vulnerabilidad en la vía pública, sector que ya había sido fuertemente golpeado tras la pandemia— responde a las políticas nacionales. No obstante, aclaró que este señalamiento no exime de responsabilidad al gobierno provincial respecto de la situación local.
