Amnistía Internacional lanzó una de sus críticas más severas contra el gobierno de Javier Milei al advertir sobre un deterioro en el respeto a los derechos humanos en la Argentina. En su informe anual, la organización sostuvo que la administración libertaria consolidó un esquema en el que “el control social prevalece sobre la garantía de derechos”.
El documento señala que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, afectando con mayor fuerza áreas sensibles como salud, educación, vivienda, alimentación y políticas de género, mientras que los fondos destinados a seguridad e inteligencia tuvieron una reducción menor o incluso incrementos.
Recortes sociales y más fondos para seguridad
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, cuestionó la orientación del ajuste implementado por el Ejecutivo nacional.
Un cambio en las prioridades del Estado
“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir”, afirmó Belski durante la presentación del informe La situación de los derechos humanos en el mundo.
Desde la organización remarcaron que esta reasignación presupuestaria expone una redefinición del rol del Estado, con menor presencia en la protección social y mayor capacidad en materia de control interno.
Preocupación por la protesta y la libertad de prensa
Otro de los ejes centrales del informe fue el aumento de la criminalización de la protesta social y el hostigamiento hacia periodistas y voces críticas.
Según Amnistía, en los últimos meses se consolidó un clima donde la libertad de expresión enfrenta mayores tensiones, en un contexto marcado por discursos oficiales confrontativos y una creciente estigmatización de quienes cuestionan al poder.
El foco sobre los periodistas
La entidad sostuvo que la presión sobre trabajadores de prensa y organizaciones civiles se convirtió en una señal de alarma para la democracia argentina, al considerar que debilita el debate público y restringe el ejercicio del periodismo independiente.
Violencia de género y retrocesos institucionales
El informe también advirtió sobre el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia argentina, durante 2024 se registraron 228 víctimas letales de violencia de género en el país, una cada 39 horas.
Amnistía denunció además el desmantelamiento de programas estatales vinculados a prevención, asistencia y acompañamiento, en medio de una creciente demanda social.
Una advertencia que excede a la Argentina
La organización enmarcó lo que ocurre en el país dentro de una tendencia global de avance de gobiernos “antiderechos”.