El fiscal federal Ramiro González solicitó al gobierno la entrega del expediente como medida previa a la decisión de apertura o no de una investigación penal.
La Justicia le solicitó este lunes al Gobierno que le entregue el expediente completo de una licitación que había encargado la secretaria General de la Presidnecia, Karina Milei, “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con esta medida del fiscal federal Ramiro González, se busca no precipitarse a abrir una investigación penal. Por eso, el funcionario judicial aclaró que «dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
El oficialismo impulsa una actualización del régimen de Zonas Frías con foco en hogares vulnerables
¿Cuál es el cuestionamiento del fiscal González sobre la licitación?
“Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
¿Cómo llegó a este punto la Justicia?
La diputada Marcela Pagano presentó la denuncia que originó el expediente, dirigido contra Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y entre los argumentos se enumeran presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pagano comenzó su etapa como legisladora nacional siendo parte de la Libertad Avanza, frente del cual en la actualidad está distanciada.
La licitación pública N° 23-0005-LPU26 es la que está siendo cuestionada y fue convocada por la Secretaría General de la Presidencia.