El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como expediente 186/26, propone eliminar de manera integral el esquema vigente desde 2022 y abrió un nuevo frente de tensión con organizaciones sociales, académicas y sanitarias.
El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del MERCOSUR.
La respuesta no tardó en llegar. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, entidades de salud pública y asociaciones vinculadas a los derechos de consumidores cuestionaron la iniciativa y advirtieron que la derogación implicaría “un grave retroceso” en el derecho a la información alimentaria.
Una ley que va más allá de los sellos negros
La Ley de Etiquetado Frontal estableció la incorporación de octógonos negros en alimentos y bebidas envasadas que presentan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Pero el alcance de la norma no se limita a esa advertencia visible en la góndola.
La legislación también incluyó restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles en envases y campañas, y medidas para promover entornos escolares saludables.
Por eso, las organizaciones que rechazan el proyecto sostienen que la derogación no implicaría solamente sacar los sellos de los paquetes, sino desarmar todo un sistema de protección vinculado a la alimentación saludable.
“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron entidades académicas y sanitarias en un documento difundido tras conocerse la iniciativa oficial.
El argumento sanitario detrás del rechazo
Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al acceso a información clara. Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional que figura en el reverso de los envases.
Para las organizaciones, ese dato explica por qué los octógonos negros modificaron la forma en que muchos consumidores leen los productos en supermercados, kioscos y comercios de cercanía. El sistema frontal permitió identificar de manera rápida nutrientes críticos y evitó que la decisión de compra dependiera de tablas difíciles de interpretar.
En esa línea, los estudios citados por entidades sanitarias sostienen que el 90% de las personas considera que los sellos permiten reconocer con facilidad productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población aseguró haber modificado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas luego de la implementación del etiquetado.
Los cambios en los hábitos de consumo
Los relevamientos elaborados tras la puesta en marcha de la norma por organismos como el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina fueron utilizados por las organizaciones para cuestionar los fundamentos del Gobierno.
Uno de los estudios citados indicó que el etiquetado frontal redujo la percepción errónea de que ciertos productos ultraprocesados eran saludables. Entre los casos mencionados aparecen yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados, categorías donde el marketing suele asociar los productos con imágenes de bienestar, infancia o vida sana.
Otro dato destacado por las entidades es que el 55,9% de los consumidores utiliza “siempre o casi siempre” los sellos negros como referencia al momento de realizar compras. Para los especialistas, ese comportamiento muestra que la ley no quedó limitada a una obligación formal para la industria, sino que tuvo impacto concreto en la vida cotidiana.
La discusión por el MERCOSUR
El Poder Ejecutivo sostiene que la derogación permitiría armonizar criterios regulatorios dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones académicas y sanitarias respondieron que los modelos actualmente discutidos o aplicados en otros países de la región son menos exigentes que el sistema argentino.
La legislación vigente en la Argentina se basa en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, considerado uno de los esquemas más estrictos de la región para detectar excesos en productos procesados y ultraprocesados.
Como ejemplo, las organizaciones señalaron que el modelo argentino detecta exceso de azúcares en el 68% de los yogures analizados, mientras que el sistema uruguayo lo hace en el 9% y el brasileño en el 1%.
Para las entidades, una armonización regional no debería traducirse en una baja de estándares sanitarios. En cambio, plantean que cualquier cambio normativo debería preservar el derecho de la población a recibir información clara, simple y visible.
El pedido al Congreso
Las organizaciones sociales, académicas, sanitarias y de derechos humanos pidieron al Congreso que rechace el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En el documento difundido tras la presentación de la iniciativa, sostuvieron que no existen “argumentos sanitarios ni científicos” que justifiquen la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.