La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó una iniciativa legislativa que busca impedir que personas condenadas por delitos contra niñas, niños y adolescentes puedan ocupar cargos, realizar tareas o ser contratadas para actividades vinculadas al cuidado y acompañamiento de menores de edad.
El proyecto, según explicó en MEDIOS RIOJA, surge como respuesta ante la preocupación pública generada por recientes casos y busca establecer un marco preventivo dentro de las competencias provinciales. «Aquellas personas condenadas por delitos contra niñas, niños y adolescentes no deben tener tareas vinculadas a esa cuestión; no es solo para funcionarios, sino para cualquier tipo de contratación», explicó la legisladora.
Alcance y fundamentos
Ortiz aclaró que la propuesta no pretende impedir el acceso a la educación de los condenados, sino priorizar la protección de las víctimas y garantizar los derechos de la población infantil y adolescente. Según la diputada, el objetivo es que, más allá de la condena penal, existan restricciones e inhabilitaciones particulares para salvaguardar a los menores en el ámbito de las tareas del Estado.
En cuanto al marco legal, la legisladora reconoció que el debate sobre el Código Penal y las condiciones de cumplimiento de la pena corresponde al Congreso de la Nación. Sin embargo, enfatizó la importancia de que el Poder Judicial aplique herramientas de inhabilitación permanente en casos particulares y destacó el rol clave de los colegios profesionales para valorar los antecedentes y la ética en el ejercicio de la profesión.
Críticas al Servicio Penitenciario
Durante su intervención, la diputada cuestionó duramente la publicación en redes sociales del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) sobre un evento reciente relacionado con un interno. «No estoy de acuerdo con la publicación que hizo el SPP; nadie pensó en que la familia de la víctima está viendo la noticia y el festejo», manifestó.
Para finalizar, la legisladora subrayó la necesidad de empatía hacia las víctimas y reflexionó sobre el proceso de arrepentimiento de quienes han cometido estos delitos, señalando que el daño generado en la psiquis y el cuerpo de una víctima requiere una mirada mucho más profunda y responsable por parte de todas las instituciones del Estado.