Fernando Gómez, integrante de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, advirtió que las cooperativas atraviesan un escenario complejo como consecuencia de la caída de la actividad económica y la pérdida del poder adquisitivo, situación que afecta la producción, las ventas y la sostenibilidad de cientos de puestos de trabajo. En ese contexto, reclamaron la implementación de políticas públicas específicas que fortalezcan a la economía social y cuestionaron la idea de que las cooperativas reciben un respaldo permanente del Estado.
Gómez explicó que las cooperativas forman parte del ámbito privado, aunque se diferencian de las empresas tradicionales porque se organizan en torno al trabajo de sus asociados y no al capital. Bajo este modelo, son los propios trabajadores quienes deciden qué producir, cómo hacerlo y para quién producir, priorizando el sostenimiento del empleo por encima de la rentabilidad.
Asimismo, destacó que el cooperativismo tiene un fuerte peso en la estructura productiva de la provincia. Entre otros ejemplos, mencionó que una de las principales exportadoras de La Rioja, un importante medio gráfico, una de las principales cerámicas y numerosas instituciones educativas privadas funcionan bajo este sistema de gestión.
Sin embargo, señaló que la crisis económica también golpea a estas entidades. Indicó que cooperativas emblemáticas como La Riojana y El Independiente ya manifestaron públicamente las dificultades que enfrentan, al igual que otras vinculadas a la industria, la construcción y el sector textil, donde el cierre de empresas y la paralización de la actividad provocaron pérdida de empleo y una disminución de la capacidad productiva.
En cuanto a la dimensión del sector, explicó que actualmente existen alrededor de 80 cooperativas en la provincia. A través del registro que impulsan la Mesa Cooperativa y FERCOA, ya fueron relevadas 37 entidades que reúnen a aproximadamente 850 trabajadores y trabajadoras distribuidos en distintos departamentos riojanos.
El representante del cooperativismo también resaltó el papel que estas organizaciones cumplieron durante la pandemia, cuando lograron sostener fuentes laborales y evitar que muchas personas tuvieran que abandonar sus comunidades por falta de oportunidades. A este modelo lo definió como una forma de “sustentabilidad social”, ya que busca preservar el trabajo y el arraigo territorial antes que maximizar las ganancias.
Respecto al vínculo con el Estado, sostuvo que existe una percepción equivocada sobre una supuesta asistencia permanente al sector. Afirmó que, tanto a nivel nacional como provincial, no existen políticas públicas estables destinadas al desarrollo cooperativo y que las ayudas otorgadas en distintos momentos fueron medidas aisladas y no una estrategia sostenida.
Además, consideró que la legislación que regula a las cooperativas se encuentra desactualizada y requiere una reforma que contemple la realidad actual de la economía social. Si bien reconoció que la Constitución de La Rioja incorpora y reconoce la actividad cooperativa, señaló que las distintas gestiones provinciales no lograron traducir ese reconocimiento en herramientas concretas para fortalecer al sector.
Finalmente, recordó que durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner existieron líneas de financiamiento destinadas a impulsar a las cooperativas, aunque remarcó que esas políticas no tuvieron continuidad. En ese marco, insistió en la necesidad de diseñar instrumentos que permitan potenciar un modelo productivo que, además de generar bienes y servicios, cumple un rol fundamental en la preservación del empleo y el desarrollo de las economías regionales.
