Tras la presión del PRO y la UCR, la Casa Rosada buscará un punto medio en las partidas sin abandonar la pauta de equilibrio fiscal para evitar nuevas derrotas en el Congreso.
El Poder Ejecutivo nacional abrió la puerta a revisar las partidas destinadas a Discapacidad y Universidades en el proyecto del Presupuesto 2027, con el objetivo de encauzar las conversaciones con sus bloques aliados (PRO y UCR) y los sectores involucrados. En Balcarce 50 admiten que las modificaciones incluidas inicialmente en la iniciativa desordenaron el esquema de acuerdos y buscan utilizar el debate parlamentario para cerrar ambos frentes de conflicto.
Discapacidad: Búsqueda de un nuevo régimen sin prórroga de la emergencia
En el capítulo de Discapacidad, el Gobierno intenta desactivar la tensión generada por los cambios propuestos en el texto original, los cuales llegaron a provocar diferencias en la interna oficialista:
El oficialismo busca evitar la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) para 2027. A cambio, ofrece acordar un refuerzo de fondos, mantener compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024, y fijar un esquema permanente.
La controversia se centra en la intención oficial de eliminar el nomenclador universal único por financiador y permitir que cada prestador determine sus valores sobre la base de un piso. Mientras tanto, la Secretaría de Discapacidad oficializó un incremento mensual del 1,7% para septiembre basándose en el régimen vigente.
Universidades: Ampliación de fondos para destrabar el frente judicial
La estrategia del Gobierno respecto a la educación superior apunta a incrementar la oferta inicial enviada al Congreso sin aceptar de manera automática las pretensiones de las casas de estudio:
El proyecto oficial asigna $7,349 billones para funcionamiento e inversión, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La negociación parlamentaria buscará achicar una diferencia de $3,65 billones.
En la Casa Rosada confían en que acordar una asignación presupuestaria superior permita reconfigurar el escenario judicial que dio origen a las cautelares y demandas por la recomposición salarial previstas en la Ley 27.795.