El sacerdote Pablo Adrián Molero, referente de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad, cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto, los recortes en el área y la eliminación de figuras clave de asistencia. Denunció que se busca desfinanciar el sector bajo el argumento de que la temática es de índole estrictamente familiar.
En el marco del debate legislativo y la lucha por la prórroga de la emergencia en el sector, el presbítero Pablo Adrián Molero, responsable de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad, lanzó duras críticas contra la política presupuestaria del Gobierno nacional.
Durante sus declaraciones, Molero expuso los reclamos presentados formalmente ante la Cámara de Diputados y advirtió sobre el impacto social de las medidas de ajuste proyectadas.
Claves del reclamo por la emergencia y el presupuesto
- Recortes y proyectos desestimados: El sacerdote señaló que el presupuesto ingresó con medidas de recorte explícitas y cuestionó que se vuelvan a impulsar iniciativas que el Senado ya había rechazado previamente.
- Eliminación de pensiones: Denunció que el esquema actual da de baja la figura de la pensión para personas con discapacidad creada bajo la emergencia, así como el esquema de pensiones por incapacidad laboral, advirtiendo que los niños quedan prácticamente excluidos de esta cobertura.
- Desactualización de costos: Molero afirmó que la administración nacional «nunca aplicó un estudio de costos real» y que los aranceles vigentes se encuentran muy por debajo de las necesidades del sector, afectando tanto a las familias como a los prestadores.
«La discapacidad rompe el equilibrio, pero la base militar no»
Apuntando directamente contra las prioridades de la gestión económica, Molero ironizó sobre la excusa oficial del déficit fiscal:
“Hay dinero para una base militar, hay dinero para las grandes empresas, no hay dinero para la discapacidad. Muchachos, las personas con discapacidad, jódanse. Eso es lo que le están diciendo”.
Asimismo, el referente eclesiástico sostuvo que detrás de estas políticas existe una mirada ideológica que considera que la discapacidad no es una responsabilidad del Estado, sino un asunto exclusivo de los hogares, lo cual —según advirtió— promueve una campaña de difamación contra los beneficiarios y empuja a la sociedad a un esquema de “caridad y de pedir limosnas”.