La jueza de Familia Alicia Valdez, dialogó con MEDIOS RIOJA y analizó los primeros resultados tras la puesta en marcha de la nueva normativa de responsabilidad penal juvenil. Según detalló la magistrada, la entrada en vigencia del sistema provocó un incremento inmediato en la cantidad de denuncias y causas en trámite dentro de la Secretaría Penal Juvenil, involucrando a adolescentes a partir de los 14 años.
A pesar del aumento en el caudal de expedientes, Valdez aclaró que la inmensa mayoría de las intervenciones responden a delitos menores y de poca gravedad, tales como lesiones leves o infracciones vinculadas a dinámicas propias de la adolescencia, y no a hechos de criminalidad organizada.
Sin detenidos y con déficit de infraestructura
Hasta el momento, la justicia penal juvenil no registra adolescentes privados de la libertad. Sin embargo, la aplicación de la ley plantea un desafío estructural significativo: el ordenamiento prevé la posibilidad de disponer detenciones cautelares o el cumplimiento de penas en establecimientos específicos para menores, recursos con los que la provincia no cuenta en la actualidad.
En ese sentido, la magistrada recordó la interrupción del programa provincial «Nueva Vida», que funcionaba como dispositivo de contención y dejó de operar a partir de la pandemia. Actualmente, las mesas institucionales trabajan para adecuar y definir espacios idóneos ante eventuales medidas privativas de la libertad.
Una realidad alejada de las grandes urbes
Valdez marcó una clara diferencia entre la situación local y el escenario de los grandes centros urbanos del país. Explicó que los argumentos utilizados a nivel nacional para impulsar la baja de la edad de inimputabilidad —sostenidos en delitos complejos como homicidios o robos a mano armada— responden a realidades como las de Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, donde incluso algunos tribunales debieron suspender la aplicación del régimen por falta de dispositivos operativos adecuados.
En la jurisdicción local, en cambio, la baja del límite de edad a los 14 años se tradujo principalmente en la judicialización de conflictos de menor cuantía que antes no ingresaban al fuero penal.
«Un adolescente no es un adulto»
Por último, la jueza cuestionó con firmeza el precepto mediático de «a delito de adulto, pena de adulto», advirtiendo sobre los riesgos de aplicar el máximo poder punitivo del Estado a franjas etarias tan tempranas. Valdez remarcó que los jóvenes se encuentran en pleno proceso de desarrollo evolutivo y que su accionar está atravesado por múltiples condicionantes sociales e institucionales, por lo que equiparar el juzgamiento de un menor al de un adulto resulta técnicamente incorrecto y desproporcionado.