«Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas» de líderes y lideresas indígeneas, aseguró el dirigente Juan Grabois, parte de la delegación.
La Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales durante el paro y los cortes del movimiento indígena en Ecuador.
La misión argentina señala en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito. Está integrada por el abogado Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas, entre otros.
5 muertos, 6 desaparecidos y 132 detenidos
«Recibimos declaraciones provenientes de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, y también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos«, señala el grupo. En base a esa información, la misión argentina elaboró un documento «preliminar con la sistematización de las tipificaciones de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones del paro nacional» que se inició el pasado 13 de junio.
El documento denuncia que cinco personas fueron «asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal». Menciona a Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez y Jon Muenala, las víctimas fatales que «muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo».
El informe da cuenta de «132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta», muchas luego imputadas por delitos como sabotaje, terrorismo o resistencia. Denuncia además «secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales, violación al derecho a la protesta social, violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia de los ciudadanos».
La delegación argentina reseña que se negó la atención médica en instituciones públicas de salud «por motivos raciales y antiindigenistas, violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica y violación a los derechos de niños y niñas». Advierte además que hubo «ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad».
El informe enumera «ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista, censura y bloqueo mediático de la información, bloqueo del servicio de internet y redes sociales y hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales«. Señala, además, que tiene «información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas» que participaban de las movilizaciones.
El grupo hizo su presentación este sábado con un encuentro con la prensa en Quito. Más tarde y en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador que analiza el pedido de destitución de Lasso, el dirigente Juan Grabois aseguró: «Hemos constatado asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Hemos podido escuchar declaraciones que automáticamente se convertían en una invitación a lo que podríamos denominar comandos civiles para que enfrenten por cuestiones de clase y de raza a los manifestantes«.
Grabois: «Asesinatos, torturas y desapariciones forzadas»
El también abogado denunció haber recibido «un mensaje intimidatorio» por parte de la policía ecuatoriana a través de Twitter y exhortó a que «todos los poderes del Estado tomen conciencia de la importancia de garantizar la paz». Por su parte, los congresistas ecuatorianos le expresaron que «todas las organizaciones originarias y todos los dirigentes incluyendo los más estigmatizados no eran responsables de los desmanes», de acuerdo a un comunicado de la misión argentina.
Fuente: Página 12