La tensión y los enfrentamientos continúan a pesar que la presidenta Dina Boluarte anunció que adelantará las elecciones. Hay cortes de ruta, saqueos, ocupaciones y más de 50 heridos.
Cinco personas murieron este lunes en Perú y ya suman siete las víctimas fatales en el marco de las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte anunció que adelantará las elecciones para abril de 2024, pero la noticia no calmó los ánimos de los manifestantes.
«Hubo marchas muy importantes desde la Plaza San Martín intentando llegar al Congreso de la Nación, y nuevamente hubo una fuerte represión por parte de la Policía que se fue extendiendo frente al Paseo Universitario», informó Gabriel Michi, enviado especial de C5N en Lima.
Seis jóvenes fallecieron en el departamento sureño de Apurímac, entre ellos dos menores de 15 y 16 años. Según el relato de los testigos, al menos una de las víctimas recibió disparos en el pecho efectuados «a larga distancia». Además un hombre de 30 años murió en el departamento Arequipa.
La Defensoría del Pueblo informó que 32 civiles y 24 policías resultaron heridos desde el miércoles, y al menos ocho personas permanecían internadas este lunes por la noche, según reportó La República.
Cientos de manifestantes tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú. En Ciudad Municipal la Policía reprimió un intento de los manifestantes de tomar una comisaría. En varias regiones se produjeron cortes de rutas, saqueos de mercados y ocupaciones de universidades.
En todos los casos se repetía el reclamo de elecciones en 2023 y cierre del Congreso, aunque en algunas de las protestas se mezclaron tibias defensas de Castillo. Boluarte dispuso el estado de emergencia por 60 días en las siete provincias del departamento Apurímac.
«Invocamos a aquellas personas que están causando violencia a deponerla; queremos el diálogo: abrimos los brazos para solucionar los problemas que, sabemos, antes no han sido solucionados por los gobiernos de turno», declaró el primer ministro Pedro Angulo.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU reclamó que las fuerzas de seguridad actúen con «precaución» y «proporcionalidad». En un comunicado, denunció que «ha habido casos en los que la Policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a un uso indiscriminado del gas lacrimógeno».
Fuente: C5N