Tras el escándalo de los chats del lawfare, se evalúan cambios en la integración del tribunal que debe resolver la suerte del expresidente en la causa por la vigilancia sobre las familias de los 44 submarinistas.
La Cámara Federal de Casación Penal postergó la audiencia que estaba prevista para este miércoles para analizar la situación de Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. El máximo tribunal penal debe decidir si interviene en la definición de la suerte del expresidente uno de los jueces que viajó a Lago Escondido. La dilación juega en contra de los intereses del líder del PRO que buscaba dar por cerrado este tema este año.
Después del feriado para recibir a la Selección argentina de fútbol que se hizo con la Copa del Mundo, la actividad volverá a los tribunales de Comodoro Py. Uno de los temas más importantes en la agenda será sortear a uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal para que, junto con Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resuelva si Carlos Mahiques debe seguir interviniendo en el expediente que tiene a Macri como principal protagonista.
Mahiques es uno de los cuatro jueces federales que en octubre pasado viajaron a Lago Escondido. Después de que se filtraran los chats en los que quedaban en evidencia distintas maniobras para frustrar una investigación penal que tramita en Bariloche, las querellas lo recusaron. El camarista respondió en duros términos a las sospechas y dijo que era víctima de una “campaña de desprestigio y hostigamiento contra integrantes del Poder Judicial”.
Todo hace presumir que no hay acuerdo entre Yacobucci y Ledesma sobre qué hacer con su colega, por eso pidieron que se sortee a un tercer integrante para resolver si continúa. La definición sobre la cuestión podría darse esta semana, pero mostraría una velocidad récord.
Es probable que la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras haga un nuevo planteo contra Mahiques, apuntando hacia un nuevo maltrato hacia las víctimas y querellantes –que, en su gran mayoría, son mujeres–. “Cuando mis representadas creen que ha terminado el maltrato, luego de haber sido calificadas de peligrosas para la seguridad del expresidente y /o para la seguridad interior a través del fallo de sobreseimiento recurrido en Casación, vuelven a sufrir un ataque artero por parte de este camarista”, dice Carreras.
El año próximo, la Sala II –donde está radicada la causa del ARA San Juan– cambiará su composición: volverá Alejandro Slokar –que este año ejerce la presidencia– y Mahiques se mudará a la Sala I del tribunal. Esos cambios no deberían afectar la suerte del expediente sobre espionaje ilegal porque la audiencia para decidir ya fue convocada con Mahiques como titular. Lo único que podría variar la integración, explicaron fuentes judiciales, es que el juez sea apartado por sus colegas.
Antes de celebrar la audiencia para revisar la situación de Macri y de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gestión, la Sala II deberá resolver otro planteo que tiene pendiente. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió intervenir como amicus curiae en el expediente. En dos oportunidades, los jueces –con la excepción de Ledesma– le cerraron las puertas diciendo que no tiene “competencia” en la materia, como si el espionaje ilegal no fuera una violación a los derechos humanos, como las que investiga y denuncia el CELS. El organismo de derechos humanos quiere llevar la discusión a la Corte, que ya lo habilitó en otros casos a actuar como amigo del tribunal, pero en Casación aún no dicen si le conceden el recurso o no.
El 15 de julio pasado, la Cámara Federal porteña sobreseyó a Macri en la investigación sobre la vigilancia ilegal sobre las familias de los submarinistas. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia no dijeron que no hubo inteligencia sobre las familias –porque los partes existen y fueron encontrados en la AFI por la gestión de Cristina Caamaño–, sino que la vigilancia estaba permitida porque estaba en riesgo la seguridad del entonces presidente.
La resolución fue tan controvertida que tanto el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, como su par ante la Casación, Raúl Pleé, pidieron que quede sin efecto. Agüero Iturbe incluso sostuvo que la Cámara estuvo más preocupada en salvar a los imputados que en ver qué tipo de afectación se produjo sobre las víctimas –que venían de perder a sus seres queridos en el hundimiento y sufrían el espionaje por parte del Estado que debía darles respuesta–.
La causa ya estuvo trabada con recusaciones cruzadas anteriormente. Un exfuncionario de la AFI quiso correr a Ledesma con un argumento exótico: dijo que no podría intervenir en el caso porque ella fue crítica de las reuniones secretas que algunos de sus colegas mantuvieron con Macri y eso demostraría cierta animadversión contra el expresidente.
Macri está interesado en cerrar el capítulo del espionaje antes de iniciar un año electoral –aunque no se sepa si efectivamente tiene voluntad de competir o de ser un primus inter pares que ordene la interna al interior de Juntos por el Cambio–. Su abogado, Pablo Lanusse, le pidió a la Casación una definición rápida, que podría no llegar antes de febrero.
Tanto Facundo Manes como Elisa “Lilita” Carrió reflotaron acusaciones vinculadas al espionaje durante la gestión de Cambiemos en los últimos meses. Los cuestionamientos no se agotan en la causa de la vigilancia a las familias de los marinos, que es la única en la que Macri llegó a estar procesado –por decisión del juez Martín Bava, que subroga en Dolores–.
A contramano de los intereses de aplacar el tema, el fiscal Franco Picardi lo imputó por liderar un plan sistemático de vigilancia ilegal durante su administración y recordó que, entre otros, una de las damnificadas por esa práctica de la AFI fue la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. El representante del Ministerio Público usó la misma calificación que viene empleando la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que desde el año pasado denuncia que durante el gobierno de Macri hubo una vigilancia sistematizada sobre todo aquel que representara un objetivo para la administración Cambiemos.