Tras detectar maniobras en otras empresas de la familia Caputo, ahora la Inspección General de Justicia halló irregularidades en Chaqueña Bajada S.A. Para el organismo, “se trata de sociedades ficticias y simuladas”, de “meras estructuras societarias o pantallas» para ocultar bienes y negocios.
Para Mauricio Macri el apellido Caputo remite indefectiblemente a su amigo del alma», Nicolás, y a su ex ministro, “el Messi de las finanzas”, Luis “Toto” Caputo. Para los ultraderechistas de Revolución Federal, procesados por instigar a la violencia e investigados por su relación con los frustrados magnicidas que intentaron matar a Cristina Kirchner, representa generosos ingresos por tareas difíciles de explicar. Para la Inspección General de Justicia, responsable de fiscalizar a las personas jurídicas que actúan en el país, las firmas relacionadas con los hermanos Caputo se revelan cada día con más evidencias de opacidad, de sociedades ficticias, de pantallas para ocultar negocios. Con notorias similitudes con Caputo Hermanos S.A. y Sacha Rupaska S.A., compañías que integran el denominado “Grupo Caputo”, la IGJ que encabeza Ricardo Nissen denunció ante la Justicia y pidió la nulidad por “simulación” y actividades ilícitas a Chaqueña Bajada S.A., una cáscara vacía que en teoría administró un campo en Santiago del Estero hasta 2015 y que desde que asumió el gobierno de Cambiemos directamente dejó de registrar e informar al Estado sus actividades.
Según la investigación de la IGJ, Chaqueña Bajada S.A. se conformó en 2010 con el capital social mínimo, 12 mil pesos, que nunca aumentó. Su actividad, según la primer acta de la sociedad, era la agropecuaria: explotar un campo de 2592 hectáreas que compró a terceros ese mismo año en Copo, Santiago del Estero. Para esa compra, siempre en teoría, recibió un préstamo de sus dos socios fundadores y únicos accionistas: Luis María Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara. Los mismos socios se repiten en Sacha Rupaska SA, dueña de un establecimiento rural de unas 12.500 hectáreas en el mismo departamento de Santiago del Estero, sobre el que informó Página/12.
Méndez Ezcurra está casado con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis Andrés o “Toto”, la misma que a cambio de una suma millonaria contrató al supuesto carpintero Jonathan Morel, cabecilla de los revolufederales, para que surtiera de muebles a un emprendimiento hotelero de la familia en Vaca Muerta. Una hermana de Méndez Ezcurra, a su vez, está casada con un hijo del genocida Emilio Eduardo Massera.
Del análisis de los documentos societarios que obran en la IGJ surge que Chaqueña Bajada no registra ninguna actividad en el rubro agropecuario y que hasta 2016, cuando dejó de presentar sus estados contables, tampoco tuvo ingresos por ventas ni resultado alguno. Sus actas de directorio transcriben una mera fórmula vacía de contenido. Sus actas de asambleas informan sobre la inexistencia de actividades y la renuncia de sus directores a su remuneración, sin tratar jamás la gestión concreta. Los gastos del campo eran sufragados en teoría por los dos accionistas, con quienes la sociedad fantasma registra una deuda que nunca pudo ser cancelada. La IGJ comprobó además que Chaqueña Bajada carece de sede social efectiva: cuando sus funcionarios concurrieron a la dirección que figura como sede social, en calle San Martín 793 del microcentro porteño, una persona que se negó a identificarse dijo que allí no tenían ninguna relación con esa sociedad.
La repetición de nombres y características de las sociedades Chaqueña Bajada y Sacha Rupaska resultan evidentes, plantea la resolución de la IGJ, que ya había puesto al descubierto a Caputo Hermanos SA, donde los accionistas y directores son Toto, Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo, con un tercio de las acciones cada uno. La otra hermana, Pía Rossana, figura como directora suplente.
La resolución que firma Nissen a partir de la investigación de la IGJ concluye que “se trata de sociedades ficticias y simuladas”, de “meras estructuras societarias o ‘pantallas’ que se interponen entre los accionistas y las aludidas propiedades, siendo estos a título personal quienes llevan a cabo la verdadera y real explotación de dichos campos, que suman en conjunto una extensión mayor a las 20 mil hectáreas”. En base a esos hechos, la IGJ promovió una demanda judicial de nulidad por simulación y actividad ilícita contra ambas sociedades y contra sus integrantes.
Fuente: Página 12