Desde la Mesa de Cooperativas provincial denunciaron que el 60% de las entidades locales sufrieron la suspensión de su matrícula. Exigen prórrogas, diálogo institucional y cuestionan tanto las políticas del Gobierno nacional como el destino de fondos coparticipados en la provincia.
LA RIOJA. La economía social de la provincia atraviesa una crisis inédita tras las recientes resoluciones dispuestas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Las nuevas normativas otorgan plazos de entre 30 y 45 días para que las entidades regularicen su situación administrativa y contable, imponiendo de manera directa la suspensión de la matrícula a quienes no cumplan en el tiempo estipulado.
Fernando Gómez, integrante de la Mesa de Cooperativas de La Rioja, encendió las alarmas sobre el alcance de la medida: «A nivel nacional afecta al 90% de las cooperativas. En nuestra provincia alcanza al 60%: hay 92 entidades suspendidas sobre un total de 160 registradas», detalló.
Inhabilitación operativa y riesgo de liquidación
La suspensión de la personería jurídica impide a las cooperativas llevar adelante cualquier tipo de gestión o vínculo con proveedores, con la única excepción del trámite de levantamiento de la sanción.
«No van a poder seguir sosteniendo la personería, van a dejar de existir. Después de esto viene la liquidación de la entidad. Si se identifican irregularidades, lo habitual es intimar y abrir un proceso de saneamiento, pero acá se suspendió directamente», cuestionó Gómez.
El dirigente enmarcó la medida del organismo nacional en el contexto actual de caída de la actividad económica, lo que imposibilita a muchas entidades afrontar los costos administrativos o deudas acumuladas en los plazos fijados. En este sentido, tildó a las políticas del Ejecutivo nacional como un «industricidio que destruye estructuras organizativas para imponer una economía meramente extractivista».
Críticas a la gestión provincial y fondos sin destino claro
Además del escenario nacional, la Mesa de Cooperativas responsabilizó a la política local por la falta de contención al sector, señalando un abandono histórico por parte de los sucesivos gobiernos provinciales.
- Ley de Fomento sin aplicarse: Cuestionaron que la Ley Provincial 8.901 de Fomento de Cooperativas lleva 16 años sin reglamentación ni presupuesto asignado. «No existe una sola política pública para la economía social en La Rioja. Incluso en el Banco Rioja no nos reconocen como cooperativas y debemos disfrazarnos de PyMEs para operar financieramente», denunciaron.
- Fondos coparticipados retenidos: Las cooperativas aportan a nivel nacional el 5% de su actividad económica, del cual el INAES coparticipa un 49% a las provincias para el desarrollo del sector. Según precisó Gómez, La Rioja recibió $680 millones de pesos en 2025 y suma $560 millones en lo que va del corriente año bajo este concepto. «No sabemos adónde fueron a parar esos fondos específicos. Con ese dinero podríamos haber saneado gran parte de la situación administrativa que hoy el INAES exige», aseveró.
Los reclamos del sector
Ante el inminente riesgo de cierre definitivo para decenas de entidades, desde la Mesa de Cooperativas de La Rioja exigieron respuestas urgentes:
- Que el INAES deje sin efecto la resolución de suspensión y otorgue una prórroga de plazos.
- La apertura de una mesa de diálogo a nivel provincial y nacional para fijar un proceso paulatino de saneamiento.
- La transparencia y ejecución efectiva de los fondos específicos de la economía social transferidos a la provincia.