«En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía», señaló Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal. La organización de derechos humanos advirtió sobre un «recorte arbitrario» con la fechas que contempla la ley aprobada por el parlamento y más de 400 detenidos serían excluidos del beneficio.
Crece la preocupación por la situación de gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el 8 diciembre de 2024. Organizaciones de derechos humanos denuncian que quedaría afuera de la Ley de Amnistía a presos políticos aprobada por el parlamento y no sería liberado.
«En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía», señaló Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal, previo a advertir sobre un «recorte arbitrario» con la fechas que contempla la ley. Más de 400 detenidos serían excluidos del beneficio.
En la conferencia de prensa brindada el viernes por la ONG en Caracas, donde también estuvieron familiares de los detenidos, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, remarcó que en el detalle de la amnistía, por cómo fueron elegidos los meses, hay 15 años enteros de los 28 que quedaron afuera. «Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico», cuestionó.
La situación de Nahuel Gallo y qué dice la amnistía
El caso del gendarme argentino es uno de los puntos más polémicos de la ley. Al principio se había generado mucha expectativa por su pronta liberación pero su nombre no figura en la lista de los primeros 379 beneficiarios y actualmente su situación legal es incierta.
La presidenta de Venezuela en ejercicio Delcy Rodríguez había anunciado que la amnistía alcanzaba a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026. El texto final aprobado por la Asamble Nacional solo especifica 12 años de dicho periodo y deja un vacío legal que excluye a unos 400 detenidos, entre ellos Gallo.
El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 acusado por el Ministerio Público venezolano de estar vinculado a «actividades terroristas» tras cruzar la frontera desde Colombia. Como la ley excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, esta calificación jurídica bloquea su acceso al beneficio.