En el marco de la querella por calumnias e injurias iniciada por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Claudio Saúl, el abogado querellante, David Calipo, ratificó su pedido ante el juez para que los denunciados sean citados por la fuerza pública ante su reiterada inasistencia.
Calipo enfatizó que el objetivo de la medida no es otro que el de garantizar que los imputados comparezcan ante la justicia para ofrecer pruebas que respalden sus afirmaciones públicas. «El sistema tiene previstos actos procesales ante reticencias a someterse a la acción de tribunales», señaló el letrado, al tiempo que confirmó que el pedido se extiende a los tres involucrados: Emilio Pagotto, Saine y Mirtha Collante. En el caso específico de Pagotto, recordó que cuenta con domicilio en la ciudad de Chilecito.
Críticas por la falta de pruebas
Durante su declaración, Calipo cuestionó duramente el accionar mediático realizado el año pasado, donde se instaló el tema de la supuesta «corrupción judicial». El abogado defensor de Saúl sostuvo que las acusaciones fueron lanzadas sin sustento documental:
«Es obligación que, si conocen un delito, aporten pruebas. Hacen manifestaciones públicas sin pruebas. No tienen cómo probar lo que dicen. No hacen denuncias, no dicen a quién se refieren. No podemos hablar mal de la gente porque sí».
Foco en las declaraciones de Mirtha Collante
Calipo calificó como «inaceptable» el comportamiento de la Sra. Mirtha Collante, argumentando que su exposición en redes sociales ha sido sistemática y carente de respaldo probatorio. Según el abogado, estas expresiones surgen ante una clara «intencionalidad política» que busca el desprestigio, más allá de una búsqueda genuina de justicia.
Sobre el fondo del reclamo
A pesar de la contundencia de la querella, Calipo hizo una distinción importante al aclarar que no desestima la legitimidad de ciertos pedidos sociales: «Hay reclamos, como la transparencia y la mejora del servicio de justicia, donde sí coincido con Pagotto». No obstante, reiteró que la vía para exigir dichas reformas no debe ser la difamación sin fundamento, cuyas penas legales suelen limitarse a sanciones pecuniarias.