Deberá pagar cerca de $4 millones más intereses, en un caso que sienta jurisprudencia sobre los límites del anonimato digital y la responsabilidad por daños al honor.
La Justicia civil de La Rioja dictó un fallo inédito en la provincia al condenar a una mujer a pagar una indemnización cercana a los 4 millones de pesos —más intereses acumulados durante seis años— por difamar y hostigar a su ex pareja, un efectivo policial, a través de redes sociales.
El caso se remonta a 2019, tras la ruptura de la relación. Según quedó acreditado en el expediente, la mujer inició una campaña sistemática de ataques mediante perfiles falsos y también desde cuentas personales. Entre las publicaciones se registraron agresiones, expresiones discriminatorias y la difusión de una falsa acusación sobre una enfermedad de transmisión sexual.
El impacto de estas acciones no fue menor. A raíz de las publicaciones, al policía se le abrió un sumario administrativo y sus posibilidades de ascenso dentro de la fuerza quedaron paralizadas. En paralelo, las denuncias por violencia de género que la mujer había presentado contra él fueron desestimadas por falta de pruebas.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el criterio probatorio adoptado por el tribunal. La autoría de los perfiles anónimos se estableció sin necesidad de pericias informáticas, a partir de prueba indiciaria: coincidencias en el lenguaje, el estilo de escritura y la información íntima compartida entre las cuentas falsas y el perfil personal de la demandada.
La sentencia marca un precedente clave a nivel local, al establecer que el anonimato en entornos digitales no garantiza impunidad y que el daño al honor puede generar responsabilidad civil con consecuencias económicas. Además, deja abierta la posibilidad de avanzar por la vía penal en casos similares, bajo figuras como calumnias, injurias o falsa denuncia.
El monto base de la indemnización fue fijado en 4 millones de pesos en 2020, por lo que, con la actualización de intereses, la cifra final será significativamente superior.
La causa fue patrocinada por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, y se posiciona como un fallo de referencia sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales en la provincia.