En medio del escándalo por la supuesta corrupción en el PAMI, la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un proyecto para crear una comisión que investigue el caso y pidió citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem.
El objetivo de la representante del bloque Transformación es crear una comisión investigadora para conocer los mecanismos de financiamiento, designaciones políticas y contrataciones administrativas llevadas a cabo en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desde diciembre de 2023 en adelante.
La Resolución establece que la Comisión tendrá como objeto “la recolección de información, análisis, investigación y esclarecimiento de: a) Los criterios de designación de autoridades regionales y nacionales en el PAMI, b) El posible uso de fondos públicos del organismo con fines político-partidarios. c) Las contrataciones irregulares y/o direccionadas llevadas a cabo por la actual administración de PAMI. Y d) La intervención, influencia o participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en tales decisiones administrativas, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Sra. Lic. Karina Milei y funcionarios de la Presidencia Sres. Eduardo “Lule” Menem y Diego Vartabedian».
En los fundamentos de la presentación, la exdirigente de La Libertad Avanza expresó su preocupación por el escándalo el organismo. «Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023, en el que no se hayan registrado noticias negativas vinculadas al PAMI. Las denuncias por corrupción, el uso político-partidario del organismo, los despidos masivos, los recortes en medicamentos esenciales y las designaciones discrecionales sin criterios técnicos dan cuenta de una situación institucional alarmante”, afirmó la diputada por Mendoza.
En ese sentido, mencionó el último hecho denunciado sobre la compra de pañales. Este lunes, se conoció que hubo una licitación exprés, que lleva la firma de su titular, Esteban Leguizamo, se convalidó un contrato de u$s450 millones en tres años que implica aceptar un precio un 20% más alto que el del esquema actual.
“Frente a la gravedad y recurrencia de los hechos expuestos, resulta imprescindible que se tomen medidas urgentes. La ciudadanía no puede tolerar que un organismo clave como PAMI, cuya función es garantizar el acceso a la salud y al bienestar de nuestros adultos mayores, sea utilizado como plataforma de negocios personales, proselitismo o disciplinamiento político”, argumentó Arrieta.
Por último, la diputada nacional consideró necesario “transparentar los criterios de financiamiento, las decisiones administrativas y las influencias políticas que se ejercen sobre organismos clave como el PAMI, que brindan servicios esenciales a nuestros adultos mayores y a quienes debemos respeto y honra, son nuestra historia viva y una causa transversal a todos los colores e ideologías políticos”.