La Justicia Federal deberá investigar una denuncia penal que sacude el núcleo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, referentes de la agrupación RESET Republicano, presentaron una denuncia contra el ministro Federico Sturzenegger y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El foco del conflicto es la Disposición 21/2026, mediante la cual la Cancillería adjudicó una contratación directa por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación idiomática del personal diplomático. El dato central que dispara la denuncia es que María Josefina Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger, se desempeña como directiva de dicha institución.
El quiebre de los protocolos de transparencia
Si bien el acto administrativo reconoce la existencia de un «vínculo positivo» entre Rouillet y el ministro —conforme al Decreto 202/2017—, los denunciantes aseguran que los mecanismos de control fueron sorteados. Según la normativa vigente, cuando existe tal parentesco, la Oficina Anticorrupción (OA) debe publicar el caso de manera obligatoria en su sitio web para garantizar el conocimiento público de posibles conflictos de interés.
Sin embargo, tras una revisión del buscador oficial de la OA, Magioncalda y Fazio sostienen que no existe registro alguno de dicha declaración jurada. Por esta omisión, la denuncia también alcanza a:
Alejandro Melik: Titular de la Oficina Anticorrupción.
Leopoldo Giupponi: Director Nacional de Ética Pública.
María Cristina Dellepiane: Subsecretaria de la Cancillería y responsable de la adjudicación.
»Interés en beneficio de un tercero»
El escrito judicial es contundente al señalar el posible «desdoblamiento del agente», una figura jurídica donde el funcionario actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado. «Queda claro que, en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada», reza la presentación.
Además, los abogados solicitan investigar si existieron contratos previos durante 2024 y si Rouillet actualizó su declaración de intereses tras la designación de su marido en el gabinete en julio de ese año.
Medidas de prueba
La denuncia solicita de manera urgente:
Pericia técnica sobre la web de la Oficina Anticorrupción para confirmar si se omitió la publicación obligatoria.
Secuestro de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación directa N° 26-0033-CDI25.
Para los denunciantes, este hecho excede una falta administrativa y representa una «desvergonzada utilización de lo público en beneficio personal», poniendo en jaque la institucionalidad de los organismos de control del Estado.