El próximo martes 7 de abril a las 17, en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, se presentará el Proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos.
La iniciativa, impulsada por el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis junto al diputado Esteban Paulón, llega al Congreso con más de 600 firmas de organizaciones y el respaldo inicial de al menos 15 legisladores de distintos bloques, en un contexto de fuerte deterioro de las políticas públicas bajo la gestión de Javier Milei.Política
El texto legislativo toma como base el petitorio ingresado como expediente 0087-P-2026 y propone declarar la emergencia por dos años, con posibilidad de prórroga, para recomponer programas, presupuesto y acceso a insumos esenciales.
Los datos que motivan el proyecto muestran un cuadro crítico. En Argentina se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año, con un 48,1% de detección tardía, lo que incrementa la mortalidad y la transmisión. A esto se suma un récord de 55.183 casos de sífilis en 2025, un 71% más que el promedio de los años previos.
Especialistas vienen advirtiendo sobre esta tendencia. El infectólogo Eduardo López definió el fenómeno como una “epidemia silente” y remarcó la falta de campañas sostenidas de prevención. En paralelo, profesionales del sistema público aseguran que el aumento ya se percibe en la práctica cotidiana, con más consultas y diagnósticos semanales.
Uno de los puntos más sensibles es el desabastecimiento de insumos básicos. Según los datos del Frente impulsor, en 2025 se distribuyeron apenas 832 preservativos a nivel nacional, una cifra insignificante frente a los millones que se entregaban en años anteriores. La última compra nacional adjudicada data de 2022, mientras que procesos iniciados en 2024 y 2025 no se concretaron.
Desde organizaciones sociales advierten que el problema no es de conducta individual sino de acceso. “No es casual este aumento abismal”, sostienen, y apuntan a la paralización de compras, la falta de reactivos y la interrupción de programas.
Recortes, despidos y programas paralizados
El proyecto también pone el foco en el ajuste presupuestario. El Programa 22 —clave para la respuesta al VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis— sufrió una reducción del 38% entre 2024 y 2026. Informes previos incluso señalan caídas cercanas al 50% en términos reales durante el primer año de gestión.
A esto se suma el cierre de áreas estratégicas, despidos de hasta el 40% del personal técnico y la paralización de organismos creados por la Ley 27.675. En paralelo, crecen los incumplimientos de obras sociales y prepagas en la provisión de tratamientos, en un contexto donde el Estado nacional dejó de actuar como garante.
El impacto también se traslada a las provincias. Distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Misiones debieron salir a cubrir con fondos propios la compra de anticonceptivos, tratamientos y hasta kits para víctimas de violencia sexual. “Dejó de enviar preservativos, es lo más básico”, advirtieron autoridades sanitarias provinciales en distintos momentos del último año.
La situación se agrava en regiones con menos recursos, donde la descentralización profundiza desigualdades territoriales. Organizaciones señalan que el incumplimiento de la normativa vigente pone en riesgo directo a miles de personas.