El petitorio redactado por el abogado Roberto Castillo tiene ocho puntos.
El abogado Roberto Castillo denunció y pidió la suspensión de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva por haber respaldad la decisión de que Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, viva con su madre Mariela Altamirano, quien se encuentra detenida por el caso.
En el petitorio redactado por Castillo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destacan ocho puntos. En uno de ellos se solicita la denuncia penal contra Leiva por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real.
En otro punto que se disponga —con carácter de urgencia y previo traslado al Juez de Garantías— el secuestro del legajo profesional y personal de la denunciada en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (SPD), en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, incluyendo todos los informes técnicos emitidos en los últimos veinticuatro meses.
Se suma el pedido de suspensión preventiva de Leiva en sus funciones en el SPD durante el trámite de la investigación, como medida cautelar innovativa destinada a prevenir el entorpecimiento probatorio y la continuación de conductas análogas.
En el listado se incorporó también la prohibición de salida del país de la denunciada hasta tanto se resuelva su situación procesal y de la modificación de los expedientes del SPD de Comodoro Rivadavia correspondientes a casos de revinculación familiar.
Los dos últimos puntos que demandó Castillo es que se reciba la prueba testimonial ofrecida y se designe perito psicólogo forense independiente.
A días del crimen de Ángel, la Fundación Más Vida denunció a Leiva y a su colega Vanesa Marín por haber realizado informes a favor de que Mariela Altamirano obtenga la tenencia del pequeño, sin previo análisis socioambiental que advertía la grave situación en la que iba a vivir el niño.
Este medio habló con autoridades de dicha fundación que explicaron que las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” debido a que “no realizaron el informe ambiental”, cuyo resultado podría haber alertado las graves falencias en la que vivía la mujer y su pareja, ambos detenidos e imputados en el caso.