Mientras el Senado se prepara para debatir un endurecimiento de penas para las falsas denuncias en el contexto de violencia de género, sin sustento estadístico, especialistas advierten que el proyecto de Carolina Losada busca silenciar a las víctimas y profundizar su desprotección en un contexto de ofensiva del Gobierno contra las mujeres.
El debate previsto para el próximo 28 de abril en el Senado sobre el proyecto de la senadora Carolina Losada contra las «falsas denuncias» por violencia de género pone en riesgo décadas de conquistas al proponer un endurecimiento de penas para una figura que ya se encuentra tipificada en el Código Penal.
Sin sustento estadístico que la respalde y con el dictamen favorable de la Comisión de Justicia, la iniciativa es una de las piezas estratégicas del oficialismo en su «batalla cultural», funcionando más como una herramienta política para intimidar a las víctimas que como una solución jurídica real frente a la violencia contra mujeres y diversidades.
La socióloga Agustina Rossi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) habló con C5N y fue categórica sobre el análisis técnico que hicieron: alertó sobre los graves peligros que implicaría su sanción para el sistema de protección de derechos.
Según la ONG, el proyecto no solo carece de fundamentos empíricos sino que generaría consecuencias directas en la desprotección de las víctimas. En primer lugar, advierten que la ley reforzará prejuicios sexistas al instalar la idea de que toda denuncia que no logre ser probada es, por defecto, una denuncia falsa. Esto ignora la complejidad de los delitos de género, que suelen ocurrir en la intimidad y, por lo tanto, son difíciles de acreditar.
La evidencia disponible muestra que las denuncias falsas constituyen un fenómeno muy poco frecuente. A nivel global, representan menos del 1% de los casos de violencia de género (ONU Mujeres, 2024). En Argentina, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos (Consejo de la Magistratura, 2025). La realidad o el verdadero problema es que solo el 21% de las mujeres que sufrieron violencia denuncian (Spotlight 2023).
Desde ELA subrayan que el endurecimiento de penas funcionará como un mecanismo de intimidación no solo para las víctimas, sino también para testigos, peritos y profesionales intervinientes, quienes podrían autoexcluirse de los procesos judiciales por temor a represalias legales.
En un escenario donde el silencio ya es la norma, este proyecto busca desalentar la radicación de nuevas denuncias y profundizar la impunidad de los agresores. La organización enfatizó que la aprobación de este proyecto dejará a las mujeres y diversidades expuestas a represalias judiciales, convirtiendo el acto de buscar justicia en un riesgo de quedar tras las rejas por el simple hecho de haber alzado la voz.
Penas de hasta 8 años: el endurecimiento de delitos que ya existen
El proyecto de ley propone elevar la pena por denuncias falsas de 3 a 6 años (volviéndolo un delito no excarcelable) y, en el caso del falso testimonio, de 3 a 8 años. Sin embargo, estos delitos ya están tipificados en el Código Penal Argentino bajo los artículos 245 y 275. Esta modificación no crea nuevas figuras legales, sino que endurece las existentes con un sesgo específico, buscando que quienes sean acusados de mentir en contextos de género enfrenten penas incluso mayores que otros delitos de gravedad.
ELA apunta a «investigar mejor en lugar de silenciar»
Para la organización ELA, el foco de la discusión legislativa está mal puesto porque la evidencia no respalda la teoría de una ola de denuncias inventadas, sino todo lo contrario: «Los datos nos muestran que el principal desafío no está en un supuesto uso abusivo del sistema sino en las barreras que enfrentan las personas, en particular niñeces y mujeres, para acceder a la Justicia», sostienen desde la ONG.
En este sentido, plantean que el camino debe ser mejorar la capacidad investigativa del Poder Judicial para que resuelva de manera rápida, en lugar de imponer penas que terminen por cerrar la puerta de entrada a la Justicia para quienes más la necesitan: mujeres, infancias y diversidades sin recursos.