En menos de 24 horas, dos efectivos policiales quedaron en el ojo de la tormenta tras ser denunciados por violencia, amenazas y hostigamiento. En la Capital, el acusado ya se encuentra detenido preventivamente.
La integridad de la fuerza policial riojana vuelve a ser cuestionada tras conocerse dos graves denuncias por violencia de género que involucran a efectivos en actividad. Los hechos, ocurridos en la Capital y en la ciudad de Chepes, ya se encuentran bajo investigación judicial y administrativa.
Detención inmediata en el Loteo San Andrés
El primer caso tuvo lugar durante la madrugada en el barrio Loteo San Andrés, en la zona sur de la ciudad de La Rioja. Una mujer mayor de edad radicó una denuncia formal tras un episodio de violencia, lo que activó un operativo cerrojo para localizar al efectivo denunciado.
Tras ser hallado, el policía fue trasladado y quedó alojado de manera preventiva a disposición de la Justicia. El comisario Alejandro Quintero se refirió al procedimiento indicando que la institución actúa con firmeza en estos casos: «Cuando un integrante de la institución es señalado por un hecho delictivo, se dispone su arresto preventivo para garantizar el proceso investigativo», explicó la autoridad policial.
Hostigamiento y amenazas en el interior
En paralelo, una joven de 21 años se presentó en la Comisaría del Menor, la Mujer y la Familia de Chepes para denunciar a un efectivo que presta servicios en una dependencia del interior. Según la exposición, el policía habría incurrido en reiterados hechos de amenazas y hostigamiento.
La denunciante aportó pruebas que respaldarían sus dichos, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de protección a la víctima. La Justicia ya tomó intervención en el caso para determinar las responsabilidades penales del acusado, mientras se evalúan las sanciones administrativas internas.
Medidas en paralelo
Desde la fuerza informaron que, más allá del avance de las causas en el fuero penal, se han iniciado las actuaciones correspondientes en Asuntos Internos. En ambos casos, las víctimas recibieron asistencia integral y se encuentran bajo seguimiento de los organismos competentes para garantizar su seguridad.