El presidente del Consejo de Abogados de La Rioja, doctor Francisco Brizuela, se refirió al comunicado emitido por la institución en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para combatir la usura y aseguró que las consideran herramientas necesarias para abordar una problemática que, según señaló, se encuentra instalada tanto en los barrios como en el centro de la ciudad.
Brizuela explicó que la comisión directiva analizó las leyes reglamentadas y los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo. En ese marco, sostuvo que las medidas constituyen instrumentos normativos positivos para combatir los préstamos usurarios y regular tanto el sistema financiero formal como el informal.
- “La usura está a la vuelta de la esquina, está en los barrios, está en el centro de la ciudad”, afirmó el titular del Consejo de Abogados.
No obstante, señaló que la institución no fue consultada durante la elaboración de las normas y planteó algunas observaciones que consideran necesarias para evitar interpretaciones amplias que puedan afectar otros tipos de créditos.
En particular, cuestionó el concepto de “crédito instrumentado” utilizado en la normativa para referirse a la suspensión de ejecuciones. Según explicó, la expresión podría resultar demasiado amplia y alcanzar créditos que no están vinculados con situaciones de usura. En ese sentido, Brizuela consideró necesario que «se precise expresamente que quedan exceptuados los honorarios profesionales, las indemnizaciones laborales y los créditos alimentarios, entre otros».
El caso de los pagarés
Consultado sobre una de las prácticas denunciadas en casos de usura, como la utilización de pagarés que posteriormente son completados y ejecutados judicialmente, el presidente del Consejo de Abogados explicó que estos instrumentos tienen características particulares. “Uno no sabe cuál es la causa del pagaré porque el pagaré es un título ejecutivo de características abstractas”, explicó.
Frente a posibles situaciones de abuso, recomendó a quienes consideren que están siendo víctimas de cobros excesivos de intereses o de prácticas usurarias recurrir a la Justicia y realizar la correspondiente denuncia.
Según indicó, las personas pueden acudir a la Fiscalía, al juzgado de instrucción o a la Policía, preferentemente con asesoramiento de un abogado, para plantear una denuncia por el supuesto delito de usura, contemplado en el artículo 175 bis del Código Penal Argentino.
Desde el Consejo de Abogados remarcaron así su respaldo a las medidas destinadas a combatir la usura, aunque insistieron en la necesidad de precisar determinados conceptos de la normativa para evitar que las disposiciones alcancen créditos legítimos que no estén relacionados con prácticas usurarias.