La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la resolución 1066/25 que habilita la creación de instrumentos financieros para aplicar el mecanismo de fondo de cese laboral, contemplado en la Ley Bases aprobada en julio de 2024. Se trata de una modalidad que reemplaza las tradicionales indemnizaciones por despido sin causa, establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo.
El artículo 96 de la normativa permite a las empresas acordar con sindicatos un sistema que funciona como seguro de despido, en el que el empleador realiza aportes mensuales que el trabajador percibe al finalizar la relación laboral. Aunque todavía ningún sindicato adhirió al esquema, el Gobierno ya avanzó con la parte reglamentaria y financiera del modelo.
Fin de la indemnización y la estabilidad laboral
El nuevo modelo está inspirado en el sistema que rige en la UOCRA desde la dictadura militar, según la ley 22.250. En ese gremio, las empresas aportan un porcentaje del sueldo del trabajador —12% el primer año, 8% luego— que luego se acumula en una cuenta específica, administrada junto al sindicato, y es entregado al trabajador al momento de finalizar el vínculo laboral.
Pero a diferencia de la construcción, donde hay alta rotación, la nueva modalidad pretende extenderse al resto de las actividades y reemplazar de manera general el pago de indemnizaciones por despido. Con este cambio, el Ejecutivo busca flexibilizar el mercado laboral, reducir el «costo de despido» y debilitar la estabilidad del empleo formal.
Un sistema financiero para gestionar despidos
La novedad es que, con la resolución de la CNV, los fondos dejarán de ser simples cuentas individuales y pasarán a estar financierizados. La reglamentación, incluida en el decreto 847/2024, detalla cómo podrán operar los nuevos esquemas de fondos:
Fondo de cese individual o colectivo
Sistema de seguro individual o colectivo
Cuentas bancarias especiales para despidos
Fondos comunes de inversión (FCI) específicos
Fideicomisos financieros
La CNV será la encargada de regular las inversiones de los FCI, estableciendo que ninguna industria podrá concentrar más del 30% de los activos. También regula fideicomisos según el Código Civil y Comercial.
Para críticos del modelo, esto implica que las indemnizaciones pasarían a depender de la volatilidad del mercado financiero, exponiendo los ahorros laborales a pérdidas por malas inversiones o crisis económicas.