La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos.
El gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.
La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. «Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados», dijo Siles.
La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.
El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido «cercar ciudades» y bloquear para evitar las elecciones. Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).
Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.
«Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato», afirmó.
NA