La Oficina del Presidente informó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro de entidades vinculadas al terrorismo, en base a su presunta participación en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
El Gobierno nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que señaló que la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la década de 1990 en la Argentina.
Según se indicó, el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, causando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.
De acuerdo al comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah.
Asimismo, se indicó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI.
La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en territorio argentino, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos.
El presidente Javier Milei sostuvo que la medida busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.