La medida mantiene hasta el 31 de octubre los valores de la energía eléctrica, el agua y saneamiento, el transporte urbano y la conectividad. También continúa la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales, sin incrementos durante el período establecido.
El Gobierno de La Rioja prorrogó por 60 días las medidas dispuestas mediante el Decreto N.º 617/26, destinadas a preservar el acceso de las familias riojanas a servicios esenciales y mitigar el impacto de la actual situación económica sobre los hogares, especialmente aquellos que atraviesan condiciones de mayor vulnerabilidad.
La decisión, que rige desde este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, mantiene los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año para los servicios públicos de energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y conectividad provista por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.
Asimismo, continuará vigente la reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Estos valores tampoco podrán incrementarse durante el período de la prórroga.
La extensión de las medidas responde a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación y se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos prorrogada mediante la Ley Provincial N.º 10.843.
Sostener la accesibilidad
De esta manera, el Gobierno provincial busca evitar una modificación abrupta de las condiciones vigentes y sostener la accesibilidad a prestaciones directamente relacionadas con las necesidades básicas y el desenvolvimiento cotidiano de la comunidad.
El decreto también instruye a los organismos y empresas prestatarias a adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. A su vez, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la sostenibilidad de la medida y el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.
Con esta decisión, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso de utilizar las herramientas disponibles dentro de sus competencias para cuidar el bolsillo de las familias y garantizar el acceso a servicios públicos esenciales en un contexto económico que continúa afectando los ingresos de la población.