El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado. La Rioja reclama por la paralización de obras en las rutas nacionales 73, 75 y 76.
La Justicia Federal avanzó en la investigación por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y aceptó como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien además ordenó una serie de medidas para reconstruir el recorrido de los recursos.
El SisVial es un fondo fiduciario que se nutre de recursos provenientes del impuesto a los combustibles y que, de acuerdo con la normativa que lo creó, tiene como finalidad financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
La investigación busca determinar qué ocurrió con los fondos recaudados y cuál fue su destino. Según las denuncias incorporadas al expediente, durante los primeros dos años y medio de la actual gestión nacional se asignaron alrededor de $1,5 billones al sistema, mientras que unos $394.406 millones habrían sido destinados efectivamente a obras y mantenimiento vial.
Además, la presentación realizada por la provincia de La Rioja sostiene que al 31 de mayo de 2026 había aproximadamente $1,001 billones del SisVial colocados en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional. Estos datos forman parte de la denuncia y deberán ser contrastados durante la investigación judicial.
El reclamo de Quintela por las rutas riojanas
En el caso de La Rioja, Quintela reclama por la paralización y el abandono de obras viales consideradas estratégicas para la provincia, principalmente en las rutas nacionales 73, 75 y 76.
El gobernador sostiene que los recursos que los argentinos aportan cada vez que cargan combustible tienen un destino establecido por ley y cuestiona que, mientras obras fundamentales permanecen paralizadas, parte de esos fondos haya sido colocada en instrumentos financieros.
En su planteo, Quintela también advirtió sobre las consecuencias que genera el deterioro de las rutas para la seguridad vial, la producción y la conectividad de la provincia.
Qué ordenó investigar Lijo
El juez federal Ariel Lijo requirió al Ministerio de Economía información sobre las instrucciones impartidas al Banco Nación para administrar el fideicomiso SisVial desde enero de 2024, además de un detalle de las colocaciones financieras realizadas con esos fondos y su aplicación por provincia y por obra.
También pidió a la Dirección Nacional de Vialidad los expedientes relacionados con obras en las rutas nacionales que atraviesan La Rioja desde diciembre de 2023.
En particular, solicitó información sobre la Ruta Nacional 76, incluyendo el convenio de Transferencia de Funciones Operativas con la Administración Provincial de Vialidad, las tareas de mantenimiento realizadas por la provincia que permanecen pendientes de pago y el estado de las obras que quedaron inconclusas.
La Justicia también requirió información a organismos de control para determinar si existieron auditorías u observaciones sobre el fideicomiso y la cuenta especial SisVial desde 2024.
Con la incorporación de Quintela como querellante, la provincia de La Rioja podrá participar activamente en el expediente, aportar documentación y solicitar nuevas medidas de prueba.
La investigación continúa abierta y será la Justicia Federal la que deberá determinar si existieron irregularidades en la administración y utilización de los fondos destinados al sistema vial.